Amplían medida cautelar a 16 de las 83 personas imputadas del SUNTRACS por disturbios en la avenida Balboa
A 16 de los imputados se le adicionó la prohibición de concurrir o participar en reuniones relacionadas al cierre de las vías públicas o alteración del orden público.
Ante un recurso de apelación presentado por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, contra de 83 personas pertenecientes al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), imputadas por los delitos, contra los servidores públicos, contra la seguridad colectica, peligro común, contra la libertad, contra el patrimonio económico, daños, contra la vida y la integridad personal, lesiones personales, por los hechos registrados el 12 de febrero de 2025, en un edificio en construcción en la avenida Balboa, el Tribunal de Apelaciones decidió de manera unánime mantener la medida cautelar a 67 personas, en tanto a las otras 16 restantes se le adicionó la prohibición de concurrir o participar en reuniones relacionadas al cierre de las vías públicas o alteración del orden público.
Las 83 personas mantienen las medidas cautelares de reporte periódico dos veces al mes, con impedimento de salida de las provincias de Panamá y Panamá Oeste y la prohibición de acercarse a las víctimas.
El Tribunal de Garantías conformado por tres varones, decidió ampliar la medida cautelar basados en que la Fiscalía pudo individualizar la participación de las 16 personas a través de los informes plasmados por los miembros de la Policía Nacional, quienes los señalaban directamente en las acciones que tuvieron como resultados 17 unidades policiales lesionadas, daños a la propiedad entre otros delitos.
Los hechos se registraron durante una protesta en un edificio que se construye para albergar el nuevo Hospital del Niño, donde los obreros de la construcción lanzaron, bloques, varillas de hierro, piedras y cualquier otro objeto que causaron lesiones a unidades de la Policía Nacional, que trataban de controlar la amenaza que representaban para la comunidad.
La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de perseguir el delito y desarrollar investigaciones objetivas, trasparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda. Además, rechaza categóricamente todo acto de violencia en contra de bienes del Estado o personas.