ANTAI sanciona al vicealcalde de Arraiján y a la representante de Burunga
Se comprobó que violaron el Código de Ética de los Servidores Públicos.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), como ente rector en materia de ética pública, sancionó a dos servidores públicos del Gobierno Local (Municipio de Arraiján y Junta Comunal de Burunga) tras comprobarse que violaron el Código de Ética de los Servidores Públicos.
En primer lugar, la representante del corregimiento de Burunga, Lohanniz Yuribeth Gaitán, fue denunciada por contar con personal asignado en la Junta Comunal que no cumplía adecuadamente con sus labores. La investigación reveló que los informes mensuales presentados por sus colaboradores carecían de supervisión formal, como firmas o evidencias que avalaran las actividades reportadas.
Esta falta de control y supervisión refleja una negligencia administrativa y una vulneración del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, que exige actuar con diligencia y responsabilidad, como lo haría un buen administrador de sus propios bienes. La omisión en verificar y validar adecuadamente las actividades de su equipo genera un ambiente de informalidad, afecta la transparencia y pone en riesgo el correcto uso de los recursos públicos, dañando la confianza ciudadana.
En conclusión, la Representante del Corregimiento de Burunga violó los artículos 1, 4, 8 y 24 del Decreto Ejecutivo No. 246 de 2004, que establecen el Código de Ética de los Servidores Públicos, debido a su falta de responsabilidad, prudencia y cumplimiento adecuado de su cargo.
Por otro lado, el vicealcalde del Municipio de Arraiján, Oliver Ríos García, fue denunciado de manera anónima por presuntamente tener familiares trabajando bajo su supervisión. La investigación confirmó que durante varios meses estas funcionarias laboraron en dicha alcaldía. Dichas funcionarias mantenían un vínculo familiar cercano con él, lo que configura un claro conflicto de intereses. Esta situación afecta la objetividad y transparencia en sus decisiones administrativas, incumpliendo los principios de imparcialidad y equidad.