Argentina, Venezuela y Ecuador son los que más restringen libertad de prensa
Panamá/ACAN-EFE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó hoy sobre las restricciones que los gobierno de Argentina, Venezuela y Ecuador imponen a la libertad de expresión y al periodismo, al cierre de la reunión semestral celebra en Panamá.
"Determinados regímenes en países como Venezuela, Ecuador o Argentina persiguen el periodismo, lo acosan, lo restringen a través de legislación y establecen censuras u obligan a la autocensura", precisó el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
Aunque la SIP concluyó que la principal amenaza que sufren los periodistas del continente siguen siendo los asesinatos, hizo especial hincapié en las acciones gubernamentales que entorpecen el desempeño del periodismo.
Entre ellas mencionó la censura, el acoso tributario a las empresas de comunicación, el acaparamiento gubernamental del espacio de radio y televisión, y el acceso libre a la información pública.
Así lo afirmó un documento con las conclusiones de la reunión semestral emitido por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, que este lunes aprobó informes por país, conclusiones y resoluciones.
En el caso de Argentina "el escenario es crecientemente complejo para el periodismo", principalmente por la proximidad de las elecciones presidenciales y por el asesinato en enero pasado del fiscal Alberto Nisman.
Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza la víspera de detallar ante una comisión del Congreso argentino la denuncia que había presentado con la presidenta del país, Cristina Fernández, por el caso del atentado contra la mutua judía AMIA (UFI-AMIA), que en 1994 causó 85 muertos.
En el informe sobre Venezuela, el más amplio de todos, se apunta que "la hegemonía comunicacional de Estado es un hecho indiscutible".
Mohme calificó de "heroica" la labor del "puñado de periodistas independientes" que todavía siguen ejerciendo la profesión en Venezuela.
En Venezuela ocho tuiteros han sido procesados en los últimos meses, y más de 400 periodistas venezolanos han tenido que emigrar por razones de seguridad.
Por su parte, en Ecuador, ya se han aplicado más de 30 sanciones a medios, periodistas y caricaturistas y se han cerrado dos estaciones de radio.
"Se busca silenciar y desprestigiar ya no sólo a los medios de comunicación sino a quién ejerce opinión o creen, según esa visión, que hacen oposición", según el informe de la SIP sobre Ecuador.
Para la organización el caso de Nicaragua es también notorio porque ya solo queda un canal de televisión independiente.
El presidente de la SIP instó a la sociedad internacional a no quedarse "impasible" antes estos hechos.
Mohme dijo también que los periodistas de las zonas periféricas "son los más vulnerables" y lamentó la impunidad de muchos asesinatos.
Según datos de la organización, este semestre se registraron ocho asesinatos de periodistas en Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú, así como centenares de agresiones físicas y varios sometimientos judiciales.
El problema de la libertad de expresión, según la SIP, no sólo compete al centro y al sur del continente, sino que también a Estados Unidos y Canadá.
"Hemos sido muy críticos con las intervenciones del gobierno norteamericano a través de las redes sociales y con el apresamiento de un periodista por no revelar sus fuentes. Hemos cuestionado duramente al presidente Barack Obama", señaló Mohme.
Mohme animó también a ser más optimistas y a no quedarse sólo con los "aspectos negativos" y destacó el "avance significativo en materia de libertad de expresión" que se está dando, por ejemplo, en países como Colombia.
Alabó además el compromiso con la libertad de prensa del mandatario panameño Juan Carlos Varela, que inauguró el sábado la reunión semestral de la SIP.
Varela se comprometió entonces a transmitirle a los Jefes de Estado del continente, que se reunirán en Panamá los próximos 10 y 11 de abril, la situación de los medios de comunicación americanos.
En el informe de las resoluciones, la SIP señaló que hay asesinatos de periodistas que han quedado impunes o que no se han resuelto en países como Brasil, Colombia y México.
El organismo instó a los gobiernos de estos países a reabrir las investigaciones y castigar a los culpables conforme lo dicte lo ley.