Arroceros piden eliminar control de precios

La liberación del rubro arroz de los productos incluidos en el control de precios, es la solicitud que realizaron productores, propietarios de molinos y de empresas distribuidoras de insumos agrícolas. 

 

En una reunión calificada de histórica, realizada en la provincia de Los Santos, los representantes de agrupaciones relacionadas con el sector agrícola, pidieron a las autoridades que luego de siete años es hora de eliminar el control de precios para el grano. 

 

Esto, con el fin de que la actividad, golpeada fuertemente por la pandemia debido a la falta de insumos a nivel internacional, pueda asegurarse para el próximo año 2022.

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Y es que, a quienes tienen que ver con este producto, el principal alimento de la mesa de los panameños, les preocupa el aumento insostenible de los insumos necesarios para sacar adelante las cerca de 90 mil hectáreas que se siembran de arroz a nivel nacional. 

 

Bienvenido Pereira, miembro de la Asociación Nacional de Importadores (Andia), explicó que la pandemia de Covid-19 ha provocado un aumento inminente en el precio de los insumos, además de la poca disponibilidad que existe en estos productos. 

 

"Sin fertilizantes, protectores de cultivo y agro químicos no hay cultivo", indicó Pereira, quien añadió que los actuales precios del rubro impiden enfrentar estos incrementos. 

 

Es por ello que los productores, importadores y molineros de todo el país decidieron solicitar el levantamiento del control de precios, con el fin de garantizar la cosecha para el año 2022.

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Asi lo dio a conocer Rodrigo Cardenal, presidente de la Asociación de Molineros de Panamá, quien aseguró que esta medida está desfasada e impide hacerle frente a la situación. 

 

"Por eso estamos actuando con tiempo, ya que el problema nos va a pegar en abril y mayo cuando se siembra la mayor parte del consumo del país. De no darse, en octubre o noviembre no tendremos suficiente arroz", indicó. 

 

El productor santeño, Mack Espinoza, indicó que el control de precios se estableció en el año 2014 como una medida temporal de seis meses, que se ha extendido por siete años, lo que ha provocado que sean los productores quienes sostengan el incremento de precios. 

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