Asamblea Nacional cambia su reglamento interno y genera rechazo
Elección de dignatarios y juramentación de diputados suplentes, vestuario en las sesiones de instalación plenaria, estructura del personal, clasificación de servidores, estructuración de las instancias parlamentarias respecto a temas de competencias, eliminar la reserva en la Comisión de Presupuesto, están entre los cambios aprobados.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá aprobó este martes en tercer y último debate el polémico proyecto de ley 594, que introduce cambios al reglamento interno de órgano del Estado que algunos consideran "incompatibles" con la Constitución y que "desnaturalizan" la labor legislativa.
El Proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículos de la Ley 49 de 1984 y dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la AN, discutido a lo largo de casi un mes, fue ratificado hoy con 38 votos a favor, 21 en contra y solo una abstención.
"En total, se reformaron, en consenso, 21 artículos y se agregaron cinco nuevos", señala un comunicado de la AN, que destaca que con los votos emitidos a favor "se afianza un parlamento más abierto".
La información detalla que en el transcurso del mes y secundado en el tercer debate, fueron emitidos criterios sobre la percepción de los ciudadanos del RORI, y que un ala de diputados expresó que era importante para satisfacer una opinión pública que solicitaba un poder legislativo "más beligerante e independiente".
En cambio, añade, otro grupo parlamentario opinó que el aprobar reformas al RORI "no influye en el 100% en sus necesidades primarias".
Elección de dignatarios y juramentación de diputados suplentes, vestuario en las sesiones de instalación plenaria, estructura del personal, clasificación de servidores, estructuración de las instancias parlamentarias respecto a temas de competencias, eliminar la reserva en la Comisión de Presupuesto, están entre los cambios aprobados.
También, disposiciones relacionadas al procedimiento alternativo de elección de Comisiones Permanentes, transmisiones de las sesiones, prelación de asuntos, derecho a voz, cortesía de sala y que el personal adscrito a los diputados no podrá optar por el servicio de Carrera Legislativa.
"El objetivo fundamental de esta iniciativa legislativa es modernizar y optimizar el funcionamiento operativo, fiscalizador y legislativo de la Asamblea Nacional adecuando sus procesos a las exigencias democráticas actuales", según el comunicado.
Agrega que estas reformas "llenan vacíos normativos", refuerzan la "disciplina institucional", además de "acercar la labor de La Casa del Pueblo a la fiscalización ciudadana".
El RORI rige en el papel que desempeñan los integrantes de la entidad legislativa para la aprobación del Presupuesto de la Nación, el Presupuesto del canal de Panamá, la revisión y ratificación de nombramientos clave en el engranaje estatal, la gestión de leyes, así como en el equilibrio en los poderes del Estado y sobre el control de las actuaciones de los funcionarios públicos.
Cambios "incompatibles" con la ConstituciónLa aprobación al reglamento interno del Parlamento panameño es rechazada por el diputado Eduardo Cedeño, que incluso manifestó que demandará su inconstitucionalidad ante el Supremo panameño.
"Lamentable. Se acaba de aprobar unas modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de Diputados, con puntos incompatibles con la Constitución", dijo Cedeño en su cuenta de la red social X.
"Lo advertí en tiempo oportuno -prosiguió-, pero se aprobó por mayoría de esa forma. Si la sanciona el ejecutivo, lo demandaré por inconstitucional".
Asimismo, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, expresó su "profunda preocupación" ante los cambios al RORI, que consideró una "flagrante violación" a la Constitución Política de Panamá y un "peligroso retroceso institucional que desnaturaliza la labor legislativa".
"En lugar de blindar prácticas clientelares bajo ropajes normativos, la labor de quienes integran la Asamblea Nacional debe enfocarse en legislar para bienestar de las mayorías, liderar procesos de rendición de cuentas, e impulsar la transparencia presupuestaria y la probidad pública", indicó la Fundación.