Temas concernientes a las notificaciones de la aprobación o cesación del estatuto de refugiado, evaluación de casos pendientes y la realización de jornadas de actualización de documentos fueron abordados por la Comisión Nacional para la Protección de Refugios (Conare), que preside la viceministra de Gobierno, Juana López.
“El desplazamiento humano forzado sigue siendo una preocupación mundial y Panamá, nuestro país no escapa a esa realidad. Como país debemos darle un enfoque integral, somos un pilar y debemos continuar fortaleciendo la cooperación internacional para las personas con necesidades de protección internacional”, acotó López.
Hussein Pitty, secretario técnico de la Comisión y director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), detalló que a lo largo de este año se han evaluado una diversidad de casos; entre ellos, reunificaciones familiares, aprobación del estatuto de refugiados, así como revocatorias y cesaciones del estatuto.
En este sentido, durante la reunión ordinaria del mes de noviembre, se evaluaron cinco expedientes aprobándose dos revocatorias y tres cesaciones del estatuto de refugiado a ciudadanos colombianos que incumplieron con las normativas de protección de Panamá.
En cuanto a las jornadas de actualización de documentos, Pitty precisó que a través de las mismas se han beneficiado a más de 600 personas en áreas de difícil acceso de la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, e informó que se retomarán en el primer trimestre 2023.
De esta sesión participó Philippa Candler, representante de la Oficina multipaís del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y el nuevo viceministro de Trabajo, Fernando Castillero.
