Varios manifestantes y policías resultaron heridos este jueves en la comunidad indígena panameña de Arimae, además de numerosos afectados por gases lacrimógenos, durante enfrentamientos en el marco de una protesta contra la nueva ley del Seguro Social de Panamá, constató EFE en el lugar.
"Los antimotines se han metido a las comunidades, donde hay niños, ancianos, personas con discapacidad, nos han amedrentado, se han metido a nuestras casas, usan perdigones, hay niños asfixiándose con gas lacrimógeno", dijo a EFE una habitante de Arimae, un pequeño poblado indígena de la provincia de Darién situado a unos 200 kilómetros al este de capital panameña.
"No es justo que hagan esto en nuestras comunidades indígenas", añadió, tras reiterar que los indígenas exigen al Gobierno del presidente José Raúl Mulino (2024-2029) que se derogue la nueva Ley de la Caja del Seguro Social.
La protesta de este jueves en Arimae también exigía la liberación de tres líderes que fueron detenidos la semana pasada por el caso de una agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que fue retenida contra su voluntad en esa comunidad, donde reside, cuando se disponía a ir a su puesto de trabajo.
Gases, perdigones, piedras y hasta machetes
El enfrentamiento comenzó cuando la Policía llegó para despegar un tramo de la carretera Panamericana, que atraviesa todo el país, bloqueado con troncos de árboles derribados en las cercanías, donde además se ubica Arimae.
La Policía enfrentó a los manifestantes tanto en la carretera como en la comunidad con gases lacrimógenos y perdigones.
Los manifestantes despacharon piedras, palos, flechas y disponían de bombas molotov, según pudo ver EFE, que constató que al menos dos de ellos resultaron heridos en el cuerpo por perdigones. Niños fueron evacuados de la comunidad atravesando un río cercano para adentrarse en el monte.
El Senafront informó mediante un comunicado que tres de sus agentes resultaron heridos, uno de ellos con un corte de machete en sus manos.
"Pese al riesgo de ser atacados, las unidades fronterizas se mantienen en el lugar para garantizar la seguridad de quienes están en el lugar, donde también fue incendiado un rancho con bombas molotov presuntamente lanzadas por personas que participan en estas acciones de violencia, poniendo en peligro la vida de los residentes", agregó el comunicado.
Rechazan pago obligatorio del seguro social
El cacique de la tierra colectiva Emberá Wounaan, Gabriel Minguisamá, explicó a EFE que rechazan la nueva ley del seguro social porque, dijo, reduce al "30 % del salario" la jubilación y también obliga a los independientes a cotizar, algo que los indígenas rechazan porque devengan muy poco.
"La mayoría, el 95 % somos independientes, nosotros no tenemos un trabajo. ¿Y cómo es justo que vamos a pagar nosotros un seguro donde no tengamos ningún salario? Y quién está (en la comunidad indígena) con un salario de 800 (dólares o más)? ¡Nadie!", dijo el cacique.
Con su bajo nivel de ingresos, los indígenas no pueden destinar "70, 80 dólares mensuales" al pago del seguro social, agregó, y recordó que en la ley anterior "no había una obligación" de cotizar para los independientes.
La nueva ley del seguro social establece la obligatoriedad de cotizar a los independientes y una multa de 100 dólares por la no afiliación, de acuerdo con la información oficial.
Grupos indígenas respaldan el paro indefinido de docentes del sector público que comenzó el pasado 23 de abril y que se ha desarrollado de manera irregular, con muchas escuelas abiertas y dando clases, y sin afectar a la educación privada.
Los dirigentes docentes sostienen que solo levantarán el paro cuando el Gobierno derogue la reforma porque, aseguran estos sindicatos de izquierda, desmejora las pensiones, privatiza el sistema y conduce a un aumento de edad de jubilación.
El Gobierno acusa una campaña de "mentiras" contra la reforma y descarta derogarla porque, aunque fue modificada por el Parlamento y dista mucho de su propuesta, mejora las prestaciones del sistema y resuelve la crisis financiera que situó a uno de sus dos subsistemas de pensiones al borde de la quiebra.
