Cinco recursos procesales buscan frenar la ampliación de la vía Omar Torrijos
La ampliación de la vía Omar Torrijos ha enfrentado a las autoridades del Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Panamá por sus opiniones divididas.
La lucha de la Comunidades de las Áreas del Canal y Áreas Revertidas contra la ampliación de la vía Omar Torrijos no cesa, pues los residentes consideran que se debe tomar medidas y hacer respetar las normas vigentes.
En la mañana de este miércoles 6 de febrero de 2019, fue interpuesto por los abogados Víctor Martínez y Donaldo Sousa, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda contenciosa administrativa de nulidad contra la Resolución N°IA-058-2018 de 17 de mayo de 2018.
El recurso busca que sea declarado nulo por ilegal el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), categoría II que aprobó el diseño, construcción de la rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos (Corozal-Red Tank y la vía Centenario).
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El jurista Víctor Martínez indicó que se están violando los artículos 23, 31 y 37 del Decreto Ejecutivo de 2009 que señala claramente que ante un EIA con una situación como esa donde se ejecuta la reparación o ampliación de una vía que afecta a las comunidades, existe la obligación de las autoridades de realizar la consulta ciudadana de diferentes modos.
Insistió que se acordó que el EIA debía ser categoría III, pero el que se mantiene es categoría II.
Aida Torres, de la Asociación de Comunidades de Área del Canal, fue enfática al mencionar que todo el actuar en la Omar Torrijos se ha hecho de manera ilegal, devastando 13 puntos y 69 hectáreas de zonas protegidas que se han visto afectadas.
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Por su parte, Donaldo Sousa sostuvo que este es el quinto recurso procesal que se interpone ante las autoridades competentes, esperando que se falle en pleno derecho por los crímenes que se están cometiendo.
Entre esos uno de ellos por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Asociación de Derecho Ambiental, la Asociación de Comunidades del Área del Canal y la Alcaldía de Panamá. Han interpuesto recursos de nulidad que están en manos del magistrado Abel Zamorano y otros amparos de garantías, dijo Sousa.
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Nos hemos enterado que ellos están devastando, han estado tumbando árboles y tienen un negociado con unas tucas que nosotros también nos preguntamos, ese negocio para quién es, expresó Martínez.
Las autoridades de Mi Ambiente en algunas ocasiones han mencionado que ese proyecto como algunos otros está siendo fiscalizado por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental para que se cumplan las medidas de compensación forestal y el rescate de la flora y fauna.