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CorteIDH verificará en la frontera de Panamá medidas a favor de migrantes

Entre las medidas están reducir el hacinamiento en las estaciones de recepción migratoria (ERM); proveer alimentos, agua e implementos sanitarios para evitar el contagio de covid; garantizar el derecho a la salud; proteger los derechos de la niñez migrante; prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el principio de no devolución.

EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) verificará este jueves y viernes en la frontera panameña del Darién el cumplimiento de las medidas de protección que otorgó a favor de las personas migrantes "detenidas" en estaciones migratorias, dijo a Efe una representante del Centro por la Justicia y el Derecho internacional (Cejil).

El Cejil representa a las personas migrantes beneficiarias de las medidas otorgadas por la CorteIDH en julio de 2020, en el marco de la supervisión de cumplimiento en el caso Vélez Loor sobre detención migratoria.

Entre las medidas están reducir el hacinamiento en las estaciones de recepción migratoria (ERM); proveer alimentos, agua e implementos sanitarios para evitar el contagio de covid; garantizar el derecho a la salud; proteger los derechos de la niñez migrante; prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el principio de no devolución.

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La coordinadora del Proyecto de Movilidad humana para Centroamérica, México y EE.UU. del Cejil, Gabriela Oviedo, dijo este miércoles a Efe que el objetivo de la visita "es verificar el avance de la implementación de las medidas provisionales ante el grave riesgo a la integridad y la vida que supone la detención para las personas migrantes frente a la pandemia de la covid-19".

"La expectativa es llamar al Estado a que cumpla con estas deudas pendientes que están relacionadas con esta política de detención sistemática que se ve agravada por los riesgos de la pandemia", agregó.

La funcionaria del Cejil precisó que "Panamá no ha dado información específica sobre las medidas para permitir el acceso a la atención a la salud sin discriminación", ni de aquellas "para atender a las mujeres que durante el trayecto han sufrido violencia sexual".

"Toda esta información no se ha podido verificar", sostuvo Oviedo, quien agregó que la visita a la frontera por parte de la CorteIDH también busca "entender cómo está funcionando esta política sistemática de detención migratoria".

Ello a la luz de que "sigue el aumento progresivo del flujo" migratorio a través del Darién, selva que sirve de frontera natural entre Panamá y Colombia, por donde en 2021 pasó la cifra récord de más de 130.000 migrantes en tránsito hacia Norteamérica.

Cejil indicó que de acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, en enero y febrero pasados ingresaron por la frontera con Colombia 4.442 y 4.014 personas, respectivamente, un "récord histórico", más si se toma en cuenta que en ese mismo lapso de 2020 pasaron solo alrededor de 1.000, recalcó Oviedo.

La misión que visitará las ERM en Darién está integrada por el presidente y el vicepresidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique y Humberto A. Sierra Porto; representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Defensoría del Pueblo de Panamá, del Estado panameño y del Cejil.

 

PANAMÁ SOSTIENE QUE NO DETIENE A LOS MIGRANTES El Estado panameño siempre ha negado que los migrantes sean detenidos en las ERM, donde reciben asistencia sanitaria y de alimentación y se les toman los datos biométricos, lo que, según las autoridades, ha permitido identificar a varias decenas de personas solicitadas por la justicia de varios países por delitos que incluyen terrorismo.

Panamá "no detiene a estos migrantes sino que ha realizado un cerco humanitario", dijo en una audiencia el 9 de julio de 2020 en la CorteIDH la viceministra de Gobernación, Juana López.

El Darién, que ha sido utilizado durante años por personas procedentes de todas partes del mundo que viajan irregularmente hacia Estados Unidos, es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

En el último año las autoridades panameñas ha registrado la muerte de decenas de migrantes, muchos ahogados en ríos crecidos, así como también casos de robo y violación sexual. "La migración irregular no es un delito" y que por eso "no se puede detener" a los migrantes en tránsito, dijo en diciembre pasado a Efe el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Oriel Ortega.

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