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CSS va contra mafias internas y denuncia fraude millonario en pensiones

La denuncia presentada ante la Fiscalía sugiere posibles delitos contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir del proceso investigativo.

Redacción

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó denuncias penales ante el Ministerio Público luego de detectar un esquema fraudulento que involucra la alteración irregular de registros informáticos y la asignación indebida de cuotas obrero-patronales, lo que derivó en la aprobación hasta el momento de 52 pensiones irregulares, con un impacto económico estimado en más de B/.10 millones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares internas realizadas por la actual administración, entre B/.3 y B/.4 millones ya se han pagado en concepto de pensiones, como resultado de manipulaciones sistemáticas en los sistemas informáticos de la institución.

El Director General de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que los hallazgos no corresponden a errores administrativos aislados, sino que evidencian un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.

“No toleraremos mafias ni redes de corrupción que atentan contra los fondos de los asegurados. Cada balboa que se desvía ilegalmente es un golpe directo a la sostenibilidad del sistema y a la confianza de los panameños”, señaló el Director General.

La denuncia presentada ante la Fiscalía sugiere posibles delitos contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir del proceso investigativo.

La CSS solicitó formalmente al Ministerio Público la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados y de terceros beneficiados, así como la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.

Asimismo, la institución destacó que existieron alertas en administraciones anteriores sobre este tipo de irregularidades, que no fueron atendidas con seriedad, permitiendo la continuidad de estas prácticas.

 

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