¡De $14,000 a $20,000! Expresidente del Colegio Nacional de Abogados pide mejores sueldos a magistrados tras suspensión de jubilaciones especiales
El abogado recordó que en 1990 un decreto redujo drásticamente el monto de las jubilaciones, dejando a muchos en una situación “casi de indigencia”. Para él, la única salida definitiva es reformar la Constitución para fijar límites claros a estos beneficios y evitar que la discusión se repita cada cierto tiempo.
El debate por las jubilaciones especiales de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sigue encendiendo las redes y los pasillos políticos. Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, la decisión del Pleno de suspender este beneficio exclusivo es un “alivio” que baja la temperatura del morbo público, pero no resuelve el fondo del problema.
Álvarez asegura que lejos de demonizar a los magistrados, el país debería garantizarles estabilidad económica y una remuneración acorde con la responsabilidad que asumen. Por eso propone elevar el salario mensual a $20,000 y la edad mínima para el cargo de 35 a 45 años.
“Yo creo que deben ser de por vida. ¿Qué ocurre cuando un magistrado se retira de la Corte a los 60 o 65 años? Es posible que los vea por ahí buscando trabajo porque no tienen una jubilación digna. Yo propondría un sueldo de 20,000 dólares”, afirmó.
El abogado recordó que en 1990 un decreto redujo drásticamente el monto de las jubilaciones, dejando a muchos en una situación “casi de indigencia”. Para él, la única salida definitiva es reformar la Constitución para fijar límites claros a estos beneficios y evitar que la discusión se repita cada cierto tiempo.
Además, cuestionó el trato que han recibido los magistrados en el debate público. “La población fue muy injusta. Una cosa es criticar y otra, insultar”, señaló, pidiendo que se resuelvan las demandas contra el acuerdo y se cierre el capítulo.
En otro frente, criticó la recién aprobada ley que exige un examen de barra para ejercer la abogacía en Panamá, calificándola como un “retroceso” y advirtiendo que otorgar a la Universidad de Panamá el control de la prueba la convierte en “juez y parte”.