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Defensa de Martinelli denuncia irregularidades en la audiencia de excarcelación

La audiencia de apelación a la solicitud de fianza de excarcelación se realizará el próximo lunes 11. El juicio oral contra RM será el 12 de marzo.

Jean Carlos Díaz

 

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli (RM) realizó una conferencia de prensa para anunciar algunas irregularidades que se dieron en la ejecución de la audiencia de solicitud de fianza de excarcelación, el pasado lunes 4 de febrero, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

 

 

Uno de los señalamientos es que antes de iniciarse la audiencia, RM presuntamente había recibido una visita de parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, quien le llevó el mensaje de parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela, que “hagas lo que hagas no te vamos a conceder la fianza de excarcelación”.

Esto fue dicho por los abogados Alejandro Pérez y Alfredo Vallarino.

 

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Ante la serie de incidencias denunciadas el equipo legal del exmandatario pedirá la nulidad de la audiencia y que se cumpla el debido proceso.

 

 

Por considerar que todas las actuaciones que se dieron en el acto fueron ilícitas porque los fiscales nombrados no debieron haber estado allí.

El abogado Alfredo Vallarino indicó que se pudo comprobar que existe el riesgo de muerte por la condición de salud de Martinelli, que no había podido ser rebatido por la contraparte, pero a pesar de eso se decidió no cambiarle la medida cautelar.

Otra irregularidad según Vallarino es que el juez de garantías Justo Vargas, quien actuó en la pasada audiencia tiene algún factor de 'nostradamus' porque trata de decir qué es lo que van a ir a decir los testigos en la fase de juicio oral.

Concluye en que durante dos horas de receso no pudo verse todas las horas de las audiencias anteriores, ni leer cerca de cuatro mil fojas que tiene el expediente.

 

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Por su parte, Alejandro Pérez dijo que habían siete fiscales que de alguna forma u otra habían estado vinculados al caso y no deberían estar ahí.

 

 

“Pero lo más graves es que la procuradora General de la Nación emitió una resolución nombrando a esos fiscales cuando ella no podía tener conocimiento de ese caso y debió declararse impedida”, sostuvo.

Pérez indicó que al entrar a nombrar algunos fiscales se tuvo conocimiento del caso dejando de existir la objetividad, transparencia e imparcialidad.

Entretanto Roinier Ortiz, fue enfático al recalcar que lograron detectar que en la audiencia estuvo el juez de apelación, Gustavo De Gracia, quien fue uno de los fiscales adjuntos en la investigación por los supuestos pinchazos telefónicos, en el año 2015 cuando RM fue declarado reo rebelde. Posteriormente se declaró impedido.

 

 

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Al igual que la fiscal Rosario Ortega quien en el año 2016 fue nombrada como fiscal adjunta en el Ministerio Público. En la fase intermedia del expediente 138-15 en la CSJ, fungió como fiscal adjunta de Harry Díaz, quien en esa causa fue el magistrado fiscal.

 

 

Ortiz sostuvo que tiene cerca de diez impedimentos contra la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell en diferentes procesos. Pero en este caso (contra RM) se violó la imparcialidad, objetividad y transparencia.

 

 

Aunado al fiscal Marcelino Aguilar quien había tenido participación en el inicio de la investigación.

“La procuradora para que se hiciera la audiencia de excarcelación hizo una resolución ilegal porque lo rimero que debió haber hecho fue la resolución como lo ha hecho conmigo más de diez veces, no tenía la facultad de nombrar a ninguno de los que estaba en esa mesa”, insistió Ortiz.

 

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Los representantes legales de Martinelli adelantaron que interpondrán una demanda contra Porcell por extralimitación de funciones. Al igual que a uno de los querellantes por tomar como la verdad absoluta que Martinelli quiso fugarse del Hospital Nacional, el pasado 21 de diciembre de 2018.

Luis Eduardo Camacho (hijo) recalcó que dentro del Ministerio Público existe la tendencia de que aquellos fiscales o jueces que no siguen los lineamientos de los superiores son removidos de sus posiciones o sacados de la institución.

 

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