Una reunión para evaluar la situación actual del país y el anuncio de un cierre total, anunciado por parte distintos sindicatos, asociaciones de docentes y organizaciones indígenas y campesinas que demandan la anulación del contrato, sostuvo este el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González con el Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para América Central y el Caribe, Alberto Brunori.
Durante esta reunión se evaluó el impacto que en estas últimas semanas han experimentado los habitantes del país en cuanto al disfrute de sus derechos humanos, especialmente en materia del derecho a la vida e integridad física, acceso a la salud, seguridad alimentaria, acceso al trabajo y educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada, y el derecho a la protesta pacífica.
El ombudsman recordó que el derecho a la protesta se debe ejercer de forma pacífica, sin mensajes de odio, a conciencia, con responsabilidad, sin menoscabar los derechos a terceras personas y respetando el derecho a la propiedad pública y privada.
Entérate de otras interesantes noticias: día a día Panamá
Por su parte, Alberto Brunori señaló la importancia de que las autoridades del Estado garanticen plenamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica al tiempo que hizo un llamado a los y las manifestantes a para que se abstengan del uso de la violencia y adopten medidas para respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, a la alimentación y a libre movilización, en particular, de las personas en situación de vulnerabilidad, así como el libre tránsito de ambulancias, vehículos de bomberos y otros vehículos que prestan atención de emergencia.
Durante esta reunión, ambas instituciones valoraron que, a casi cuatro semanas desde que se intensificaron las protestas contra la explotación minera en el país, hay varias demandas de inconstitucionalidad en la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y distintas peticiones por parte de los sectores movilizados.
También hay impactos sobre la educación, la salud, las actividades económicas, y en general sobre la vida de las personas, especialmente aquellas que ya sufren por la inequidad existente y las brechas en el goce de sus derechos.
En este contexto, ambas instituciones hacen un llamado al Estado a que se garanticen plenamente el derecho a la protesta pacífica, y a la sociedad manifestante a respetar la independencia judicial y abstenerse del uso de la violencia en sus expresiones de protesta. Es necesario que todos los actores de la sociedad mantengan su disposición para definir los pasos futuros de la manera más participativa e informada posible, y manteniendo al centro de la agenda los derechos humanos de todas las personas.
