Desalojan a familias precaristas de terrenos privados en Puerto Caimito
El desalojo de las familias precaristas se realiza en conjunto con personal y maquinaria de la empresa propietaria de los terrenos.
Al menos 200 familias de un asentamiento ilegal ubicado en terrenos privados, dentro del corregimiento de Puerto Caimito en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fueron desalojadas este viernes.
Las familias, quienes tenían más de cuatro años en el sitio, advirtieron que no fueron formalmente notificadas del desalojo por parte de las autoridades.
Desde sus casas, construidas con diversos materiales, las familias advertían a las unidades de Control de Multitudes (UCM) que no saldrían de sus viviendas, añadiendo que necesitaban un sitio en donde vivir.
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Aseguran además que se trata de un desalojo forzoso en el cual se estaban violando sus derechos humanos.
Miguel Ángel Ríos, representante legal de los propietarios de la finca dijo estar batallando legalmente los últimos cuatro años para lograr recuperar el predio invadido y reintegrarlos a sus propietarios.
El proceso se extendió por varios años debido a los recursos legales interpuestos por los abogados de los precaristas.
A diferencia del desalojo que aún continúa realizado en el corregimiento de Playa Leona, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que no existe la opción de reubicación para estas familias al tratarse de terrenos privados.
El desalojo de las familias precaristas de las 10 hectáreas de terreno ocupadas se realizó en conjunto con personal y maquinaria de la empresa propietaria de los terrenos.
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Algunas de las familias han optado por salir voluntariamente de la finca transportando en vehículos sus enseres y materiales con que estaba construida la vivienda.
Mientras se realizaba el desalojo en los terrenos, otro grupo de precaristas procedió a cerrar un tramo de la Avenida Mariano Rivera, de donde fueron desalojados por UCM, utilizando gas pimienta.
A consecuencia de esta acción, unas cinco personas fueron aprehendidas por la PN y puestas a orden de la Juez de Paz del corregimiento de Puerto Caimito.
En el 2019 el Juez de Paz realizó el desalojo de otro grupo de precaristas en este corregimiento de Puerto Caimito, los cuales pertenecían a la empresa Inversiones Bejuco S.A.
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