Desalojo de precaristas en el asentamiento informal 'Tierra Prometida' en La Chorrera
El número de familias desalojadas no fue precisado por las autoridades, alegando que posterior a la reubicación voluntaria del 7 de junio pasado, se registró una nueva invasión del predio.
Unas 30 personas, tres de ellas menores de edad, fueron retenidas este viernes, durante el desalojo por intrusos de las familias residentes en el asentamiento informal “Tierra Prometida”, ubicado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
Previó a la acción de desalojo, fueron destrozadas las ventanas de un vehículo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al cual también le fueron cortados los cuatro neumáticos.
Las llantas de un pickup del Ministerio de Obras Públicas también fueron cortadas además de rotos a pedradas los vidrios de al menos cinco vehículos particulares.
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La juez de Paz del corregimiento de Playa Leona, Vanesa Vergara, indicó que las personas retenidas durante el desalojo fueron sancionadas por alteración del orden público.
Según Vergara, la solicitud de desalojo por intruso fue interpuesta por la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati).
El número de familias desalojadas no fue precisado por las autoridades, alegando que posterior a la reubicación voluntaria del 7 de junio pasado, se registró una nueva invasión del predio.
Para este desalojo se realizó un dispositivo de varios contingentes de la Policía Nacional incluyendo Unidades de Control de Multitudes.
Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, indicó que las familias desalojadas, no tienen la opción de ser reubicados en los terrenos ubicados en el corregimiento de Herrera, a donde fueron trasladadas 289 familias cinco meses atrás.
Paredes indicó que parte de estas tierras están destinadas para la construcción de la Ciudad Deportiva y el Centro de Entrenamiento de Béisbol de Alto Rendimiento Mariano Rivera.
Según el Miviot, las familias que se mantenían en los terrenos no cumplieron con los requisitos para la reubicación por tener otras propiedades o dedicarse a la venta ilegal de lote.
Abdiel Bernal, director nacional de Políticas Legales de la Anati dijo que, esta instancia es dueña de la finca 9058 que fue invadida tres años atrás.
Parte del predio está destinado a ser utilizado para la construcción de una ciudad gubernamental, dijo el funcionario.
Añadió además que para este proceso de lanzamiento por intruso se cumplió con todo el proceso legal establecido.
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