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Efectividad del SPA puede ser medida con la culminación del caso 'El Gallero'

Abogados de imputados tienen en sus manos la responsabilidad de poder demostrar la inocencia de sus clientes, la fiscalía de sustentar lo contrario.

Jean Carlos Díaz

 

La investigación por el caso de la Operación “El Gallero” creó un precedente en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), en sus dos años de vigencia en el Primer Distrito Judicial de Panamá.

El SPA ha recibido duras críticas por el manejo y decisiones que se han dado en algunos casos y en esta ocasión se puede poner en práctica la efectividad de este sistema de administración de justicia cuando culmine este proceso de “El Gallero”.

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“El Gallero” es el primer caso que debe afrontar el SPA sobre una presunta estructura criminal vinculada al tráfico de drogas donde existen multiplicidad de personas imputadas. Entre ellos, exfuncionarios, empresarios y otros particulares.

 La fiscalía aportó más de 200 pruebas documentales

Una vez concluida la fase de revelación de pruebas testimoniales, documentales y periciales, el juez de garantías, Carmelo Zambrano dictó el auto de apertura a juicio oral N° 290-2018.

 

 

Esta audiencia en la fase de juicio oral se dará el lunes 25 de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. en el salón de audiencias #2 del SPA en Plaza Ágora.

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Dentro de la investigación, que el pasado jueves 15 cerró su fase intermedia, hay 15 personas imputadas por los presuntos delitos de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, posesión ilegal de armas y explosivos, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

La fase intermedia comenzó el 31 de agosto del año en curso, tardando en esa etapa cerca de tres meses.

 Personas que se investigan

Las personas imputadas son: Manuel Antonio Domínguez Walker, Alberto Luis Chávez Chen, Andrés Enrique Moreno Zamora, José Antonio Villarreal Hernández, Gabriel De Jesús Ibarra y Roxana Lisbeth Norato Samaniego.

 

 

Adicional a Eudocio “Pany” Pérez Flores, Manuel Antonio Salazar, Manuel Esteban Salazar Sánchez, Katherine Cuestas Melgara de Domínguez, Luis Omar Álvarez, Eucaris Domínguez, Jair Casanova, Ernesto Bowen Noel y Eduardo Vásquez Vásquez.

La dura tarea de desarticular esta organización la tuvo el fiscal Primero Superior en Delitos Relacionados con Droga, Markel Mora.

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Quien señaló que no solo se utilizaron técnicas ordinarias de investigación, sino también las especiales para investigar.

Se comenzaron a verificar diferentes actividades criminales en diversos lugares de la República de Panamá, pero la radicación que se presentó fue en los Tribunales de Justicia de la provincia Panamá no en las otras provincias. Siguiendo el principio de radicación, dijo.

 Hay recursos sin resolver

Cabe resaltar que aún existe un habeas corpus en estado de apelación donde se abordó el asunto de la competencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá entrar a definir dicha temática.

 

 

Se denominó una estructura criminal por ser la contribución que tenían cada uno de los intervinientes en la conducta delictiva.

“Si se pretende que el líder de una organización sea ubicado en el acto de ejecución, es extremo, lo que nos queda son las técnicas especiales con el objeto de poder llegar a los líderes, los que coordinaron, ejecutaron y a los que reaccionaron en la dinámica criminal”, acotó el funcionario.

 Se respaldan en los 'pinchazos'

Según Mora la utilización de las intervenciones telefónicas son un instrumento fundamental porque la tecnología también es utilizada por la delincuencia.

 

 

Es importante mencionar que la investigación inició en octubre de 2016, donde se dieron diferentes eventos hasta junio del año siguiente. Posterior a eso, se dio la fase de verificación y ordenamiento de la evidencia que se obtuvo.

 

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No se descarta que puedan existir otras personas vinculadas a esta presunta estructura criminal por lo que la fiscalía seguirá ejecutando pesquisas para abordar algunas aristas que quedaron pendiente.

 Podría haber otras personas que se investigarán

Tampoco se excluye el hecho de que se pueda llevar a otras conductas y hechos punibles.

En cuanto a las resoluciones que aprobaron las interceptaciones telefónicas, las cuales fueron duramente cuestionadas por la defensa técnica, el fiscal dijo que se acreditó que sí existen, pero hay reservas legales por la confidencialidad establecida por la ley.

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Por esto fue que se aportó las certificaciones en primera instancia.

 Juicio oral no terminará en un solo día

La fase de juicio oral se puede extender más de dos días, según algunos juristas, por la cantidad de pruebas que se deben aportar en beneficio o contra los imputados.

 

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