El Gobierno de Panamá inicia una 'auditoría integral' a la mina de Cobre Panamá

El ministerio de Ambiente de Panamá informó este viernes que inició una "auditoria integral" a la gran mina a cielo abierto, operada por First Quantum Minerals (FQM) e inhabilitada desde noviembre de 2023 por orden judicial tras una histórica oleada de protestas. La empresa francesa SGS, dedicada a los servicios de auditoría, inspección y certificación a nivel global, es la encargada de auditar a la mina de Cobre Panamá en un periodo de seis meses, "más dos de liquidación", por un monto de 539.791,46 dólares, según la información oficial. Así deberá "realizar esta auditoría integral bajo un enfoque estructurado, detallado y organizado, que asegure que los auditores presten atención a áreas críticas para la gestión laboral, social, ambiental y operativa del proyecto", señala el comunicado de la cartera de Ambiente. Esa auditoría, según el Gobierno, "representa un mecanismo indispensable para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales, determinación de los aportes económicos y sociales, la protección del ambiente, así como la defensa de los intereses nacionales". En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares según los datos oficiales, después de una oleada de protestas antimineras, por lo que quedó inhabilitada. Después del cierre de operaciones, el gobierno de entonces de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la empresa elaboraron un plan de preservación que entró en práctica en mayo de este año. Pero dentro quedaron unas 120.000 toneladas de concentrado de cobre, que desde el pasado julio han ido exportándose en buques. El presidente panameño, José Raúl Mulino, informó en marzo pasado que había autorizado tanto la exportación del concentrado de cobre como la importación de carbón desde Medellín, Colombia, para reactivar una planta termoeléctrica de 300 megavatios e incorporar su producción a la entidad que abastece al país de energía. De igual manera, la gran empresa minera canadiense suspendió varios arbitrajes millonarios contra el Estado panameño, una condición hecha por el presidente panameño para comenzar las conversaciones sobre el futuro de la mina, de las cuales no se ha informado si dieron inicio. Mulino, quien en diversas ocasiones ha señalado el golpe económico que ha supuesto para el país el cierre de esa mina, aspira a una "asociación real" con la minera canadiense como vía para una eventual resurrección del proyecto, que representaba casi el 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá, y generaba cerca de 7.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos.