El lunes comienza el desalojo de precaristas de terrenos nacionales en La Chorrera
Por parte del Miviot, no se ha informado la cantidad de lotes disponibles y la cifra de familias que serán reubicadas.
Aproximadamente 700 familias que se mantienen ilegalmente en terrenos nacionales ubicados en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, comenzarán a ser desalojados del predio, este lunes 7 de junio.
Las familias que sean desalojadas y estén registradas en un censo y estudio socioeconómico realizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), serán reubicadas.
Para ello, el Miviot ya dispuso de varias hectáreas de terreno en el corregimiento de Herrera, en donde los lotes serán asignados a las familias mediante un sorteo.
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En este punto, instalarán tres tanques de almacenamiento de agua, que serán abastecidos por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
Esta sería una solución momentánea hasta que se perforen los pozos y se haga la instalación de la estructura de distribución.
Por parte del Miviot, no se ha informado la cantidad de lotes disponibles y la cifra de familias que serán reubicadas.
Previamente el titular de la cartera de vivienda, Rogelio Paredes, había precisado que serían lotes de 450 metros cuadrados cuyo costo será pagado al Banco Hipotecario Nacional (BHN).
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En este sector se han separado cuatro hectáreas para la construcción de una escuela y un mercado agrícola; además de instalarse los servicios básicos.
Aún cuando dentro del asentamiento informal se mantienen viviendo ciudadanos extranjeros, para el mes de marzo pasado, el ministro Paredes, afirmó que estos estaban excluidos de la asignación de lotes en el corregimiento de Herrera.
Durante el último de los censos realizado por el Miviot al grupo de precaristas fueron detectadas personas que cuentan con propiedades inscritas en el Registro Público.
Este viernes, con pancartas y banderas de un movimiento de reivindicación social, los precaristas realizaron una protesta a lo largo de la vía que conduce al corregimiento de Puerto Caimito.
Las familias reclamaban su derecho a la opción de compra de los terrenos además de calificar el desalojo en su contra es un crimen.
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