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El Mitradel proyecta un registro de más 300 mil contratos de trabajo para 2023

Durante pandemia unos 284 mil contratos de trabajo fueron suspendidos.

Redacción / día a día

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), proyecta que para este año 2023 se espera un registro de más de 300 mil contratos de trabajo, lo que prevé que será un año importante para la recuperación de los empleos, así lo dio a conocer un estudio realizado por personal técnico de esta entidad, informó la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata Acevedo, durante un informe en medios de comunicación sobre la gestión del MITRADEL en este 2022.

 

La titular de la cartera laboral manifestó que durante pandemia unos 284 mil contratos de trabajo fueron suspendidos, situación que obligó al Ministerio de Trabajo a tomar medidas en base a resoluciones, decretos y leyes para preservar los empleos y normalizar las relaciones laborales, además de mantener a las empresas en el mercado para que se garantizara el retorno gradual de los trabajadores a sus puestos de trabajo. 

 

La ministra añadió que más de 220 mil nuevos contratos de trabajo ya se han registrado a la fecha mostrando un crecimiento de las actividades económicas en el país.

 

Indicó que se ha ido evolucionando y que al momento más de 20 mil nuevos contratos se registran mensualmente, lo que refleja una disminución en la desocupación. También dijo que existen retos importantes, entre ellos lograr formalizar a los trabajadores por cuenta propia para garantizar que tengan acceso a la seguridad social, de esta manera  incentivamos también a la empresa privada con cada una de las acciones que desde el Gobierno Central se están ejecutando precisó, la ministra de Trabajo.

Al ser consultada sobre la situación de los trabajadores de la minera, fue enfática en decir que el Ministerio de Trabajo mantiene las puertas abiertas en atención a los trabajadores y garantizará que se respeten sus derechos de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo.

Agregó que la empresa y el Gobierno se encuentran en conversaciones para garantizar no solo la seguridad jurídica de una actividad económica, sino también asegurar un bien y generar empleos para esos trabajadores, defender el derecho de los panameños y panameñas, los intereses y los recursos del país.

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