Exigen que se rindan cuentas sobre la atención a las víctimas de los albergues

 

Más ciudadanos y organizaciones se siguen sumando en defensa de la niñez y adolescentes en el país. Esta vez fueron los ambientalistas quienes compartieron este 23 de febrero el siguiente manifiesto. 

Ante los lamentables eventos que se han hecho públicos y notorios en los medios de comunicación y redes sociales, en donde han quedado expuestas reprochables conductas de abuso y maltrato infligidas a niños, niñas y adolescentes dentro de centros destinados por el Estado para el cuidado y protección de menores en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social, las organizaciones y otros actores ambientales abajo firmantes, no podemos dejar pasar con indiferencia estos hechos de abierta violación a los derechos humanos y los derechos del niño, y por este medio manifestamos lo siguiente:

 

 

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1. RECHAZAMOS rotundamente cualquier forma de violencia, abuso, tortura, maltrato físico, psicológico, moral y de cualquier tipo, perpetrado en el pasado y en el presente sobre cualquier ser humano, en particular, sobre los niños, niñas y adolescentes sobre los cuales deben recaer los mayores esfuerzos y recursos estatales y ciudadanos en vías de asegurar su bienestar.

2. RECHAZAMOS que siendo estos hechos públicos y notorios, denunciados de manera reiterada en diferentes administraciones gubernamentales, no hayan sido atendidos y resueltos oportunamente, derivando en consecuencias cada vez más graves para las víctimas y profundizando la necesidad de justicia y certeza de castigo.

3. EXIGIMOS que las instituciones del Estado con competencia en este tema desarrollen un abordaje interdisciplinario, transversal, transparente y participativo, que permita desarrollar acciones correctivas y preventivas en favor de los niños, niñas y adolescentes, y sancionatorias en contra de los perpetradores de estas conductas violatorias, no solo de nuestros compromisos legales internacionales y garantías constitucionales fundamentales, sino de los valores éticos y morales más básicos de cualquier sociedad.

4. EXIGIMOS que adicional y, en paralelo a las investigaciones administrativas y penales que se inicien en torno a estos hechos, el Estado asigne el presupuesto necesario para una gestión óptima, transparente y participativa, garantizando la gobernanza necesaria para que en conjunto con la sociedad civil se dé el seguimiento, vigilancia y toma de decisiones que permitan no solo la atención de la situación actual, sino la creación a nivel de ley, de un sistema de garantías y protección integral de la niñez y adolescencia que vele e impida que situaciones similares se repitan.

5. DEMANDAMOS que las instituciones del Estado asuman con mayor responsabilidad sus obligaciones como servidores públicos atendiendo con prioridad y urgencia esta situación, por demás inaceptable; que se rindan cuentas sobre la atención y tratamiento que se está dando en estos momentos a las víctimas y la ineludible reparación que su situación requiere.

6. APOYAMOS las acciones que en este momento, desde diferentes frentes, adelantan organizaciones cívicas, académicas, privadas y ciudadanos en general en pro de la defensa de los derechos humanos, y en este caso en particular, la defensa de los derechos de las víctimas de estos agravios. Estamos anuentes a apoyar desde las acciones que desarrollamos, los planes que se implementen en los procesos para el rescate integral de los niños, niñas y adolescentes, y así en conjunto procurarles una mejor calidad de vida.

  7. REITERAMOS que dentro de los compromisos adquiridos por el Estado panameño en la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (Principio 25) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 16) se establece claramente que “sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible”, así como que “la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente, son interdependientes e inseparables”. No podemos esperar alcanzar estos objetivos si nuestro principal activo, los niños, niñas yadolescentes, se encuentran en riesgo y peligro, ni lograr tranquilidad en la sociedad hasta que se haga justicia y ellos se encuentren seguros.

8. CONVENCIDOS que “asegurar un mejor futuro para todos, pasa por la movilización de la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo” (Principio 21 Declaración de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo), estaremos vigilantes de que estos procesos no se diluyan en el tiempo, que se investiguen los hechos, se sancionen a los responsables y que el Estado respete y cumpla la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de la cual es signatario (Ley 15 de 6 de noviembre de 1990). 

 

 

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Las acciones que se impulsan por un ambiente sano y la sostenibilidad de sus recursos involucra el velar por el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes, prevaleciendo el principio del interés superior del menor en su máxima esencia.

Por ello, desde el sector ambiental nos sumamos a las acciones ciudadanas que buscan la solución de estos problemas y a vigilar por el cumplimiento de las leyes, las sanciones efectivas a sus responsables y la aplicación de medidas de remediación que eviten que estos hechos se repitan en el futuro.

Suscriben,ORGANIZACIONESAlianza BocasAmigos del Parque Internacional La AmistadARMagazineAsociación ADOPTA BosqueAsociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)Cámara de Reciclaje de PanamáCentro de Incidencia Ambiental (CIAM)Fundación NATURAFundación para la Protección del Mar (PRO-MAR)Fundación Parque Nacional ChagresFundación Yaguará PanamáFundación para el Desarrollo Integral. Comunitario y Conservación de los Ecosistemas dePanamá (FUNDICCEP)GAEA AbogadosGeneración de Amigos Ecológicos de Panamá (GAEP)Impacto PositivoMovimiento MIMARMundo sin guerras y sin violencia PanamáParque Natural MetropolitanoRed de Turismo Comunitario Bocas del ToroSociedad Audubon de PanamáShark DefendersRed Panamanglar