Exjuez Felipe Fuentes condenado a más de tres años, pero le imponen días multas
Fuentes no irá a prisión, pues la pena impuesta le permite el reemplazo de la sanción en la que se le aplicaron los 500 días multas a $5 diarios.
El Tribunal de Juicio dio lectura a la sentencia 188-TJ-J del 10 de diciembre de 2018 al exjuez Felipe Fuentes por el delito contra la administración pública en la modalidad de sustracción de documentos públicos.
Fuentes, quien fungía como juez Séptimo de Circuito Penal, fue condenado a tres años y dos meses de prisión (38 meses), pero se le reemplazó la pena por 500 días multas a razón de $5 diarios. Es decir, que en seis meses deberá pagar al erario la suma de $2 mil 500 por sustraer seis carpetillas de la investigación del caso Financial Pacific.
El total de la condena eran $5 mil 775La condena de 38 meses hace una sumatoria de mil 155 días, que a razón de $5 diarios serían $5 mil 775, pero el Tribunal solo aplicó 500 días multas, teniendo una disminución de 655 días de la pena original.
Por esos 655 días multas que no fueron considerados a $5 por día. Fuentes habría tenido que pagar $3 mil 275 adicional a los $2 mil 500 que pagará en seis meses.
También se le inhabilitó para ejercer funciones públicas por un año y ocho meses (20 meses), a partir del cumplimiento de la pena principal.
Los expedientes eran de Financial PacificEstos documentos habían sido encontrados en el sector de Loma Cová en Arraiján por el conductor de Carlos Villatoro, quien logró observar cuando un sobre amarillo se cayó de la alforja de una motocicleta marca Honda, que conducía Fuentes.
El Tribunal de Juicio estuvo presidido por la juez Kathia Rodríguez, la relatora Mirna Palma y la tercera juez Arleen Caballero.
Se presentó una inconstitucionalidadEl defensor de Fuentes, Javier Quintero, advirtió al Tribunal que existía una advertencia de inconstitucionalidad presentada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que debía resolverse antes de darse por leída la sentencia.
Sin embargo, Rodríguez señaló que no había comunicación oficial de la CSJ sobre dicha advertencia, por lo que no se podía dejar de cumplir el término de los 10 días para la lectura de la sentencia.
Dentro de las seis carpetillas habían algunos incidentes de controversia, de competencia y previo, solicitud de causa compleja, entre otros documentos.
Rodríguez hizo énfasis en las declaraciones de la secretaria judicial Walkiria Boya y el hecho de que se hubiese hecho una condena pública antes de ir a una instancia pertinente y conocer el hecho. Añadió que no se pudo comprobar el perjuicio hacia el Estado y que los abogados del caso lo reiteraron.
Ruth Morcillo, fiscal superior Anticorrupción, indicó que se pudo comprobar el hecho punible y la responsabilidad del juez.
La pena impuesta permite el subrogado penal.