Con su poder de trastocarlo todo, el COVID-19 ha generado nuevas oportunidades para desarrollar actividades comerciales ilícitas, como se aprecia en el sector de las bebidas alcohólicas en Panamá a raíz de la ley seca, señala a Efe Esteban Giudici, especialista de la organización TRACIT.
La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), con sede en Nueva York y creada por integrantes de la industria legal mundial, opina que el Gobierno panameño debería "revisar" la prohibición del consumo, venta y distribución de bebidas alcohólicas impuesta para hacer frente al coronavirus.
"Nos parece una política errada", que fue tomada de manera "no coordinada" y "no informada" y sin tener en cuenta que "la Historia nos dice que el consumidor de alcohol no va a dejar de consumirlo", dice Giudici, asesor de política de TRACIT, en una mención al centenario de la adopción de la Ley Seca en EE.UU.
En una entrevista con Efe afirma que esa medida ha irrumpido en la cadena de suministro y creado el ambiente propicio para que aumente el comercio ilícito de bebidas alcohólicas en Panamá.
Si bien es el único país de América Latina en adoptar la Ley seca, hay varios estados y ciudades mexicanas, Sinaloa y Campeche entre ellos, donde también está vigente durante la pandemia.
EFECTOS COLATERALES DE LAS MEDIDAS
En TRACIT entienden "perfectamente" la "lógica" de querer mantener el distanciamiento físico y evitar reuniones sociales para prevenir el contagio del COVID-19, pero las medidas "aisladas, que afectan a un solo sector y no tienen en cuenta los efectos colaterales" generan problemas.
Además de la proliferación del comercio ilícito, en este caso acrecientan el riesgo de contagio del COVID-19, al tener los consumidores que acudir o relacionarse con vendedores que no son legales y que, por tanto, no están obligados a cumplir con las medidas preventivas, apunta.
Pero, además, agrega, mantener la ley seca obliga a las fuerzas de seguridad a velar por su cumplimiento y eso les resta capacidad para ayudar a afrontar la crisis sanitaria.
El especialista argentino, que ha trabajado para la UNESCO en temas de derechos de propiedad, señala que no hay datos todavía sobre el crecimiento del comercio ilícito de alcohol en Panamá, pero los noticieros dan cuenta de aprehensiones de cargamentos valorados en miles de dólares.
Según estimaciones de organizaciones especializadas, el comercio ilícito representa entre el 8 y el 15 % del PIB internacional.
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UN "PROBLEMA GENERALIZADO" EN LATINOAMÉRICA
En cuanto al sector de las bebidas alcohólicas, no hay cifras generales, pero sí algunas "elocuentes" sobre América Latina, donde el comercio ilícito es "un problema generalizado".
En México, el segundo país más grande de la región, entre el 36 y el 38 % de los licores y whisky que se consumen son ilícitos y prácticamente el mismo porcentaje es el de las bebidas alcohólicas de procedencia ilícita en Brasil.
En ambos países la carga fiscal sobre las bebidas alcohólicas es elevada.
Ese es uno de los "propulsores" del comercio ilícito de bebidas alcohólicas, como lo son también la falta de inventario, una escasa labor de vigilancia de las fuerzas del orden y aduanas, y una falta de conciencia de lo que representa el comercio ilícito, que se da en muy diversos órdenes, desde el poder ejecutivo y el poder judicial hasta los consumidores, dice Giudici.
Panamá no es un país donde se den muchos de esos factores, por lo que en teoría era menos proclive al comercio ilícito de bebidas alcohólicas, pero la situación ha cambiado ahora.
La Ley seca panameña "nos llamó mucho la atención y esa es la razón por la que estamos hablando", dice Giudici en nombre de TRACIT, que no se ha comunicado por ahora con las autoridades panameñas para discutir del problema.
Las recomendaciones específicas que TRACIT le haría al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo son revisar la ley y garantizar la disponibilidad de acceso al producto, además de estudiar el enfoque de otros países que lo consideran un bien esencial porque es "un producto que la sociedad demanda".
A preguntas de Efe Giudici menciona que abrir oportunidades para el comercio ilícito significa dar entrada a organizaciones delictivas trasnacionales que operan muy diversos negocios y generan millonarios ingresos que pueden acabar incluso financiando el terrorismo.
