Expresidente Ricardo Martinelli goza de fuero penal electoral
El vocero del exmandatario y secretario del Partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, sostiene que la decisión del Tribunal Electoral manda un mensaje claro para "quienes pretenden seguir utilizando las instituciones del Estado para perseguir políticamente".
El Pleno del Tribunal Electoral revocó la decisión de Jueza Electoral que autorizaba el levantamiento del fuero penal electoral al exmandatario Ricardo Martinelli.
De esta manera, el Pleno del Tribunal Electoral respondió al recurso de apelación interpuesto por la abogada Alma Lorena Cortés, contra la resolución 2-2022 de 23 de febrero de 2022, emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral.
En su escrito, Cortés explicó la manera como fue violado el fuero penal electoral a Martinelli e indicó que en el fallo de primera instancia de la jueza Edmara Jaén se reconocía la existencia de esta prerrogativa, pero no aplicó la nulidad por su violación.
"En mérito de lo expuesto, los magistrados del Tribunal Electoral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Revocan en todas sus partes la Resolución 2-2022 de 23 de febrero de 2022, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral", detalló el documento.
El Edicto 14-2022-S.G fue aprobado con el salvamento de voto del magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
El vocero del exmandatario y secretario del Partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, sostiene que la decisión del Tribunal Electoral manda un mensaje claro para "quienes pretenden seguir utilizando las instituciones del Estado para perseguir políticamente".
La Juez Segunda Administrativa Electoral había resuelto levantar el fuero electoral penal a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, a solicitud de la Juez Tercera Liquidadora de causas Penales del Primer circuito Judicial de Panamá, dentro de los procesos identificados con los números 25332-2021 (denominado "New Business") y 39473-2021 (denominado "Odebrecht") que se adelantan por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio económico.