Fallos judiciales en Perú y Brasil reavivan debate sobre pruebas de Odebrecht en Panamá
“Todas las pruebas de las investigaciones hemisféricas del caso Odebrecht se derivan del acuerdo con la empresa que ya fue declarado nulo y, por tanto, deben tener los mismos efectos en Panamá”, afirmó Carrillo.
El archivo definitivo del proceso por supuesto lavado de activos contra el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se suma a una serie de decisiones judiciales recientes en Perú y Brasil que han cambiado el rumbo de casos relacionados con Odebrecht y que ahora son citadas por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en Panamá.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de Perú ordenó el archivo definitivo del proceso contra Kuczynski, al aplicar criterios establecidos por el Tribunal Constitucional relacionados con la tipicidad de los hechos atribuidos al exmandatario, en el sentido de que las conductas imputadas no estaban tipificadas como delito en el momento en que ocurrieron.
La decisión se suma a lo ocurrido con otros dos expresidentes peruanos: Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
En el caso de Humala, el Tribunal Constitucional de Perú emitió el 15 de julio de 2026 una resolución que posteriormente se conoció públicamente el 30 de julio y que declaró nulo el proceso penal en su contra, dejando sin efecto la condena de 15 años de prisión por lavado de activos.
Mientras que el 28 de agosto, el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, emitió una decisión relacionada con el proceso contra Alejandro Toledo. La resolución declaró inválida la utilización de determinadas pruebas provenientes de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B de Odebrecht.
Carrillo quiere el mismo efecto en Panamá
Las tres decisiones son ahora parte de los argumentos que el abogado Carlos Carrillo utiliza para sostener que Panamá debe analizar las consecuencias de los fallos adoptados en el extranjero sobre las pruebas relacionadas con Odebrecht.
Carrillo considera que los efectos de las decisiones adoptadas en Brasil deben alcanzar también a las pruebas que fueron remitidas a Panamá y posteriormente incorporadas a las investigaciones.
“Debe existir el mismo efecto en la República de Panamá”, afirmó el abogado, quien recordó que la defensa de Martinelli y otros procesados presentó durante la audiencia realizada en enero documentación apostillada relacionada con las decisiones adoptadas por el magistrado Dias Toffoli.
La defensa sostiene que las investigaciones realizadas en distintos países de la región tuvieron como punto de partida elementos derivados de las actuaciones de Odebrecht en Brasil.
“Todas las pruebas de las investigaciones hemisféricas del caso Odebrecht se derivan del acuerdo con la empresa que ya fue declarado nulo y, por tanto, deben tener los mismos efectos en Panamá”, afirmó Carrillo.
Según el abogado, funcionarios de Odebrecht han certificado, de acuerdo con la documentación presentada por la defensa, que la empresa no entregó dinero ni realizó ofrecimientos a Martinelli más allá de las donaciones políticas realizadas durante la campaña electoral de 2009.
Carrillo plantea que el debate no consiste únicamente en establecer un paralelismo entre los procesos de Perú, Brasil y Panamá. El punto, según la defensa, es determinar si las decisiones judiciales que afectaron la validez o utilización de determinadas pruebas deben producir también efectos jurídicos en Panamá.
Con los casos de Kuczynski, Humala y Toledo como telón de fondo, la discusión vuelve a concentrarse en uno de los puntos más sensibles de los procesos derivados de Odebrecht: qué pasa con las pruebas cuando su origen o utilización es cuestionado judicialmente.