First Quantum desiste de continuar una demanda de arbitraje por el cierre de Cobre Panamá
En noviembre de ese año, la Corte Suprema dictaminó que el nuevo contrato era anticonstitucional lo que obligó al Gobierno a ordenar el cierre de la mina y el inicio de acciones legales por parte de FQM.
La compañía minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) desistió de continuar con la demanda de arbitraje presentada ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra el Gobierno de Panamá por el cierre de la mina Cobre Panamá.
FQM señaló este lunes en un comunicado que «tras las conversaciones con los asesores legales del Gobierno de Panamá, First Quantum ha acordado desistir del procedimiento de arbitraje ante la CCI».
De igual forma, FQM ha suspendido el arbitraje que tenía planeado presentar en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Panamá. First Quantum solicitaba una compensación de 20.000 millones de dólares por el cierre.
«La compañía reitera su compromiso con el diálogo con el Gobierno de Panamá y con ser parte de una solución para el país y el pueblo panameño», añadió la empresa minera canadiense.
En noviembre de 2023, FQM inició un proceso de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y presentó una notificación de intención de arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Panamá después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictaminara que el controvertido contrato para la explotación de Cobre Panamá era «inconstitucional».
Un mes después, el Gobierno panameño anunció un plan para el cierre definitivo de Cobre Panamá a pesar de las protestas de la compañía minera canadiense.
La mina Cobre Panamá está a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá e inició su producción en 2019. El yacimiento es uno de los mayores de cobre de Centroamérica.
El Gobierno panameño renovó la concesión de la mina a Minera Panamá, subsidiaria de FQM, en octubre de 2023 lo que desencadenó masivas protestas que causaron cuatro muertos y pérdidas económicas al país calculadas en 1.700 millones de dólares.
En noviembre de ese año, la Corte Suprema dictaminó que el nuevo contrato era anticonstitucional lo que obligó al Gobierno a ordenar el cierre de la mina y el inicio de acciones legales por parte de FQM.