Gobierno de Panamá refuerza seguridad digital tras una oleada de ciberataques al Estado

El Gobierno de Panamá lanzó este lunes un plan de prevención, detección y respuesta para reforzar la seguridad informática estatal a través de tecnología avanzada tras una oleada de ciberataques al sector público en medio de un proceso de digitalización de la burocracia. "Durante los últimos años, el enfoque fue elevar progresivamente el nivel de madurez digital de las instituciones (...) Pero el contexto global ha evolucionado rápidamente y el nivel de amenaza requiere avanzar hacia estándares mucho más robustos", señaló el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) de Panamá, Adolfo Fábrega. El plan se basa en crear un 'Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Estado' para avanzar "hacia un enfoque preventivo y proactivo, basado en monitoreo continuo, visibilidad en tiempo real y herramientas avanzadas para la gestión de exposición y superficies de ataque", según información oficial. Además de establecer en las instituciones públicas "estándares mínimos y requerimientos formales para elevar el nivel de protección" frente a un nuevo contexto de amenazas y tener mayor cooperación internacional con países referentes en ciberseguridad. A ello se suma un proceso para fortalecer a un equipo especializado de respuesta a incidentes cibernéticos del país con "mayores capacidades técnicas, mejor monitoreo, procesos robustos de coordinación y articulación con instituciones públicas, infraestructuras críticas y actores estratégicos", destaca la AIG. E implementar inteligencia artificial (IA) para detectar comportamientos anómalos y posibles movimientos maliciosos dentro de redes e infraestructuras críticas a través de una plataforma y reforzar la protección de aplicaciones críticas. El Estado panameño ha sufrido una oleada de ciberataques desde el año pasado que coincide con un proceso de digitalizar los servicios públicos. En lo que va de 2026, el Gobierno ha reconocido cinco grandes incidentes cibernéticos que comprenden el robo de datos a cambio de un rescate millonario, la saturación de servicios hasta inhabilitarlos y la anulación de los controles de seguridad. Las víctimas han sido los ministerios de Trabajo, Economía, Educación y Comercio además de la estatal Caja del Seguro Social, que sufrió en marzo pasado una sustracción masiva de millones de datos sensibles de los asegurados por parte de un grupo de ciberdelincuentes.