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Gobierno separa a funcionarios y ordena auditoría tras presunto fraude millonario en la DGI

El ministro Chapman reveló que solicitó personalmente al contralor general de la República (Anel Flores) la realización de una auditoría integral para esclarecer lo ocurrido y determinar las fallas que permitieron estas irregularidades dentro de la administración tributaria.

Redacción

El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas tras detectarse presuntas irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), relacionadas con la validación irregular de créditos fiscales, un caso que ya es investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que se ordenó la separación inmediata de todos los funcionarios presuntamente vinculados con estos hechos, además del congelamiento de los trámites correspondientes a los créditos fiscales bajo sospecha.

"Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios y burló los controles del sistema que heredamos. No importa cuándo empezó; nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo", afirmó el titular del MEF.

Chapman también reveló que solicitó personalmente al contralor general de la República (Anel Flores) la realización de una auditoría integral para esclarecer lo ocurrido y determinar las fallas que permitieron estas irregularidades dentro de la administración tributaria.

"Las investigaciones avanzan con absoluta transparencia y respeto al debido proceso. Quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia conforme a lo establecido en la ley", sostuvo el ministro.

La investigación tomó fuerza después de que la Fiscalía Anticorrupción ejecutara la aprehensión de una funcionaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), tres exfuncionarios y dos particulares, quienes son señalados por su presunta participación en delitos relacionados con peculado y blanqueo de capitales.

El expediente comenzó a desarrollarse en mayo de 2025, cuando las autoridades recibieron una denuncia anónima que alertaba sobre posibles anomalías en el manejo de los créditos fiscales.

El Gobierno aseguró que continuará colaborando con las autoridades competentes y reiteró su compromiso de fortalecer los controles internos para garantizar una administración tributaria más transparente, moderna y eficiente, así como proteger la seguridad jurídica y la confianza de los contribuyentes.

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