Incautan datos de celulares de cuatro imputadas en la investigación de la Diasp
Las agrupaciones de propietarios de armas de fuego han cuestionado que se dieran posibles tráficos de armas cuando hay una veda de importación.
La juez de garantías, Irene Cedeño avaló la solicitud del Ministerio Público (MP) sobre la incautación de datos de los celulares de cuatro personas imputadas por los presuntos delitos de tráfico de armas y explosivos e falsificación de documentos públicos.
Esto en perjuicio de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).
Las imputadas a quien la fiscal contra la Delincuencia Organizada, Sandy Cedeño había pedido la incautación de correspondencia de sus celulares fue a Juana Ulloa, Esther González, Ivis Medina e Iveth Flores.
Ulloa era quien se desempañaba como encargada de Recursos Humanos en la Diasp, según la fiscalía.
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En la audiencia que se desarrolló en horas de la mañana de este jueves 15 de noviembre, la defensa técnica de los imputados solicitó al Tribunal de Garantías que se les devolviera los dispositivos móviles a los imputados, ya que se había concretado la legalización de la incautación de la correspondencia.
Los móviles están en mano de sus dueñosCedeño ordenó al MP que hiciera la devolución de los celulares. Su decisión de legalizar los datos fue basada en los artículos 314 y 317 del Código Procesal Penal.
En la investigación por el presunto tráfico ilegal de armas de fuego hay nueve personas imputadas, entre ellos ocho exfuncionarios de la Diasp.
El exdirector institucional de la Diasp, Ovidio Fuentes fue requerido para ser procesado, pero no se concluyó el proceso, debido a que la fiscalía no había podido determinar si se mantenía gozando de sus vacaciones o había sido destituido.
Posteriormente el propio ministro de Seguridad Pública (en ese entonces), Alexis Bethancourt confirmó la separación del cargo de Fuentes.
Se conoció que se tiene pendiente una audiencia de control de garantías a Fuentes donde probablemente se le imputen cargos.
La investigación en la Diasp comenzó de oficio en septiembre de 2017 y en abril de 2018 se dio la primera imputación de cargos, por el supuesto tráfico de 66 armas de fuego que fueron ingresadas al país por el comerciante Yuki Tom, cuando desde el año 2010 hay una veda de importación de armas en el país.
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De las 66 armas de fuego, todavía hacen falta cerca de 26 por recuperar.
Ve como positivo el actuar del MPIdalia Martínez, representante legal del imputado Víctor Cruz, recalcó que la fiscalía está cumpliendo con el contenido legal.
Añadió que solicitan que toda información obtenida de forma legal se pueda utilizar para esclarecer qué fue lo que en realidad sucedió y no que se pretenda señalar o hacer responsable a quien no tenga responsabilidad alguna.
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Aún hacen falta otras personas por la legalización de incautación de datos de otras personas, dijo Martínez.