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Invasión de tierras es una violación directa a garantías constitucionales

Paredes resalta en su escrito que los propietarios de tierras tienen que realizar las acciones legales pertinentes en caso de invasión.

Redacción web

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), como entidad responsable de las políticas de vivienda del país, criticó nuevamente las acciones de invasiones de tierras a nivel nacional, incluso asegurando que representan una violación directa a las garantías constitucionales de los panameños.

 

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En ese sentido, el jefe de la cartera de Vivienda, Rogelio Paredes, planteó su posición a través de una nota formal, por separado, a los titulares de Seguridad Pública, Juan Pino; de Gobierno, Janaina Tewaney y al director general de la Policía Nacional, Gabriel Medina, donde reitera que no avala la invasión ilegal de tierras y que los propietarios, por mandato de la Constitución Política, son los responsables de darle uso, que es la mejor manera de defender ese bien.

 

Paredes resalta en su escrito que los propietarios de tierras tienen que realizar las acciones legales pertinentes en caso de invasión para que las autoridades competentes puedan actuar.

 

"Es por ello que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial como ente respetuoso de las leyes vigentes en nuestro país condena enérgicamente las acciones de invasión de tierras... si bien dentro de nuestra institución se encuentra la Dirección de Asentamientos Informales, esta tiene como función legalizar la tenencia de tierra y de los asentamientos informales de vieja data y que ya están previamente reconocidos por las autoridades administrativas locales...", detalló el ministro.

 

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Agregó que siempre estará a la altura de los intereses de los más necesitados, pero respetando y cumpliendo la legalidad vigente como único medio de convivencia pacífica.

 

El Miviot mantiene un registro de cerca de 400 asentamientos reconocidos, entre tierras privadas y de la Nación, incluso se adelantan gestiones para retirar a unos ocupantes de un terreno aledaño al Hospital Nicolás Solano, en La Chorrera.

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