La ATTT ha sancionado a más de 20 empresas extranjeras que alquilan los taxis

 

Cada vez se hace más fácil para algunos conductores poder obtener un taxi de alquiler, sin importar las condiciones en las que se encuentran, pueden respaldarse en las empresas que alquilan estos autos para pagarlos diariamente, según los propios transportistas.

 

Conductores con licencias inadecuadas, autos que no son conducidos por una sola persona, que son utilizado para cometer fechorías, es parte del diario vivir entre las empresas extranjeras que se dedican al alquiler de los selectivos.

 

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Dirigentes de este sector señalan que todo esto sucede en la vista de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), quienes tienen conocimiento de lo sucedido, pero no se establecen las respectivas sanciones.

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Danilo Medina, de Transporte Christopher Alberto, S.A., indicó que se ha vuelto una tarea fácil acudir a cualquiera de estas empresas, registrarse para agarrar un taxi que paga diariamente, pero luego se lo entrega a otro conductor que no existe ningún registro de él.

 

 

A su juicio, por esto se han incrementado los casos de narcotráfico, hechos delictivos, robos, hurtos, incluso hasta se han reportando que algunos taxistas se le llevan los cartuchos del súper a los clientes.

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“Hay una saturación de taxis en el país, por eso no nos oponemos a que nos uniformen y seamos identificados legalmente... los verdaderos transportistas no son los que están cometiendo esos actos”, sostuvo.

 El capital de las empresas es extranjero

Otra anomalía que ha sido descubierta es que el representante legal de las compañías son personas panameñas, pero el capital es de foráneos.

Según, Ulises Calvo, director de Asesoría Legal de la ATTT, se han manejado más de 20 procesos a empresas que se dedican al alquiler de selectivos, que terminaron con sanciones de hasta $5 mil como lo establece la Ley #34 de 1999.

 

 

Desde el 2015 a la fecha han sido tramitados los procesos administrativos.

 

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Una de las principales fallas es que las sociedades que fueron creadas en Panamá y constituidas en el Registro Público, pero mantenían como representante legal a una persona extranjera.