La auditoría a la concesión del tren del Canal de Panamá avanza y el operador pide diálogo
El contrato-ley que ampara la concesión "está siendo auditado" porque "eso se renovó" en el 2023, por otros 25 años, "sin refrendo, ahora vemos que se vendió por 600 millones de dólares y nosotros los panameños la vimos pasar", declaró Flores a la televisión local.
La auditoría del contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) avanza, afirmó este martes el contralor general del país, Anel Flores, que reveló que el operador busca un diálogo ante lo "delicado" de la situación, ya que la licencia se renovó en el 2023 "sin las autorizaciones" oficiales correspondientes. La Contraloría General anunció el 1 de septiembre que había comenzado a auditar la concesión de la Panama Canal Railway Company, después de que la Canadian Pacific Kansas City Limited y Lanco Group/Mi-Jack, el concesionario desde 1998 del tren de carga y pasajeros, y APM Terminals (APMT), una división independiente de la naviera danesa Maersk, anunciaran el pasado 2 de abril el traspaso de la licencia. La transacción involucra un desembolso de 600 millones de dólares por parte de APMT Terminals, según reveló en agosto pasado el ministro de Economía y Finanzas panameño, Felipe Chapman. El contrato-ley que ampara la concesión "está siendo auditado" porque "eso se renovó" en el 2023, por otros 25 años, "sin refrendo, ahora vemos que se vendió por 600 millones de dólares y nosotros los panameños la vimos pasar", declaró Flores a la televisión local. Reveló que "ellos (el operador) están pidiendo reuniones porque obviamente hay un tema muy delicado en el fondo, que fue que no contaron con las autorizaciones del Gobierno de Panamá" para renovar la concesión. En este contexto, el contralor se mostró en contra de una iniciativa legislativa para derogar el contrato-ley del tren del Canal, en coincidencia con el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien ya anunció que vetará esa ley en caso de que sea aprobada por la unicameral Asamblea Nacional (Parlamento). "Yo coincido con el presidente (Mulino) en que la moción que existe en la Asamblea de declarar eso inconstitucional no es algo que le competa a la Asamblea, ya sería un tema del Ejecutivo y de la Corte Suprema", argumentó el contralor. En todo caso, explicó Flores, la idea es llegar a algún tipo de acuerdo, porque hay que "buscar la forma de que brindemos, de alguna manera, seguridad a las inversiones". "Yo sé que cuando digo esto muchos se pregunta, dónde está la seguridad de los panameños, bueno eso es lo que estamos buscando, en la medida que podamos sentar a la gente y que se reviertan los temas que nos afectan a los panameños en esos contratos que fueron mal dados o leoninos", expresó el contralor. La Contraloría también audita el contrato-ley de la concesión de dos puertos a la entrada del Canal que opera la hongkonesa Hutchison y que forman parte de la venta global de más de 40 puertos en una veintena de países a un consorcio liderado por el gestor de fondos estadounidense BlackRock. Esta transacción, por un monto global de 22.800 millones de dólares, se ha visto frenada por el regulador chino en el marco de la guerra geopolítica entre Washington y Pekín. "La República de Panamá y los panameños somos dueños de los puertos, nadie puede estar negociando nuestros haberes sin estar nosotros en la mesa. Ya estamos en la mesa", comentó al respecto Flores este martes.