Los Guna rompen relaciones con el Gobierno en medio de las protestas

Los guna, uno de los siete pueblos indígenas de Panamá, rompieron relación con el Gobierno de José Raúl Mulino hasta que se instaure un "diálogo" tras denunciar la "persecución" estatal hacia sus dirigentes, en medio de las protestas contra el Ejecutivo.

El Congreso General Guna ordenó el "cese de toda relación y comunicación con el Gobierno de Panamá hasta después que haya un diálogo nacional", así como "el cierre total de las oficinas gubernamentales" y educativas dentro de su comarca Guna Yala, ubicada en el Caribe panameño, según un comunicado enviado a EFE este miércoles.

La decisión de los guna se suma a la del pasado 15 de mayo de los ngäbe-buglé, el pueblo originario más grande del país, que también cortó la relación con el Gobierno de José Raúl Mulino y denunció el asedio de la fuerza pública contra ellos.

A esas medidas se añade, también, la solicitud de "liberar" de manera inmediata a los dirigentes "privados de libertad de forma injusta, violando todos sus derechos, garantías y presunción de inocencia", según el comunicado de nueve puntos.

"Nuestro país en estos momentos se encuentra amenazado bajo una dictadura, nuestros dirigentes en estos momentos están siendo perseguidos, criminalizados y amenazados; nuestras comunidades están siendo asediadas, avasalladas y masacradas de forma indiscriminada por la fuerza policial bajo las órdenes del presidente José Raúl Mulino", alertan los guna.

Así, "el pueblo Gunadule de la comarca Guna Yala repudia y denuncia a la faz del país y del mundo el vil y cobarde atropello a la población indígena de Panamá, violando todas las normas nacionales, el derecho internacional y las normas que protegen los derechos de los pueblos indígenas".

Los guna terminan el comunicado haciendo un "llamado de alerta a toda la población gunadule a estar preparados ante cualquier llamado de las autoridades comarcales".

Los indígenas panameños se han sumado a las protestas que desde hace más de un mes se registran de manera irregular en Panamá contra varias iniciativas del Gobierno de Mulino, pero en especial una polémica ley para reformar la Seguridad Social, sumida en una grave crisis financiera desde hace años.

Entre sus malestares se encuentra también la posibilidad de que el Ejecutivo inicie diálogos con la empresa minera que en 2023 tuvo que cerrar su mina después de que el Supremo declarase inconstitucional el contrato de explotación de la misma.

Los indígenas panameños y la policía se han enfrentando en medio de esas protestas en las últimas semanas. Según vídeos que circulan en redes de los pueblos originarios, algunos indígenas han resultado heridos por los presuntos perdigones de las fuerzas de seguridad.

Inclusive, en medio de esa brutalidad que denuncian, las siete etnias indígenas de Panamá escribieron el 24 de mayo una carta al papa León XIV solicitándole que interceda para que cese la violencia contra ellos en las protestas.

Los ngäbe-buglé también denunciaron que su comarca, ubicada al noroeste del país, está "sitiada militarmente" por las fuerzas de seguridad, que "persigue" y "saca de sus casas" a "dirigentes" y "familias enteras", en medio de las protestas.

Recientemente, al menos cinco líderes indígenas emberá y wounaan, otras dos etnias, se entregaron a las autoridades panameñas, después de que la Fiscalía emitiera una orden de captura por un altercado la semana pasada con la Policía en medio de una protesta, donde una uniformada fue secuestrada momentáneamente.

El suceso por el cual eran buscados ocurrió el pasado 20 de mayo en una de las localidades indígenas de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia pero cercana a la carretera Panamericana, durante una violenta protesta contra la ley que reforma la Seguridad Social.

Los indígenas panameños cuentan con el respaldo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país andino, que ayer manifestó su "profunda preocupación y firme solidaridad" con los pueblos originarios de Panamá, al advertir que son "víctimas de una grave y sistemática represión" tras sumarse a las protestas contra varias iniciativas del Gobierno presidido por Mulino.