El Ministerio de Salud detalló que en un informe presentado por la Dirección General de Salud Pública a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío relacionado con la presunta vulneración del derecho a la salud, dignidad humana y discriminación de las mujeres de los pueblos originarios detalla que no existe documentación o información de salpingectomías practicadas sin autorización de las pacientes en los hospitales de Bocas del Toro, Comarca Ngabe Buglé, Guna Yala, Chiriquí ni Veraguas.
El informe indica que una vez conocida la denuncia sobre supuestos procedimientos de salpingectomía sin el consentimiento informado a las pacientes se procedió de manera expedita a solicitar un informe a los directores regionales del Minsa en Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé, Guna Yala, Chiriquí y Veraguas.
La regional de Bocas del Toro informó que no ha recibido ninguna denuncia relacionada al respecto; detalla que las salpingectomías después de estar suspendidas por pandemia, recientemente se reactivaron en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón, única instalación del Minsa que realiza este procedimiento previa evaluación de la paciente. Las intervenciones se efectúan los viernes en la tarde y sábados en la mañana.
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Indica el informe de Bocas del Toro que circula en redes sociales un video en el que se menciona que en el Centro de Salud de la comunidad del Silencio en El Empalme, Changuinola se efectúan salpingectomías; sin embargo la regional aclara que por las características de este lugar en cuanto a nivel de atención y grado de complejidad es imposible que allí se hagan estos procedimientos quirúrgicos.
En el hospital Luis "Chicho" Fábrega en Veraguas se reportó que no se están realizando este tipo de procedimientos mientras que la Región de Guna Yala señaló que no cuenta con servicios de Ginecología y Obstetricia, por lo tanto se realizan salpingectomías. Existe un hospital regional de segundo nivel y un hospital rural que no cuenta con el recurso humano especializado ni infraestructuras para este tipo de cirugías.
En la región de la comarca Ngäbe Buglé indica que durante los años 2016, 2017 y 2018 se realizaron jornadas de esterilizaciones femeninas en unidades sanitarias hospitalarias con salón de operaciones durante las jornadas de atención primaria ambulatoria (JAPA) como estrategia que busca dar acceso a servicios de salud a población vulnerables.
En estas jornadas se atendieron 134 personas (50 de la comarca y 84 fuera de la comarca) y todas fueron con el consentimiento informado firmado en los expedientes clínicos.
Por su parte, el coordinador de salud sexual y reproductiva de la comarca manifestó que en el Hospital del Oriente chiricano no se realiza este tipo de procedimientos.
Mientras que el reporte del Hospital Materno infantil José Domingo de Obaldía indica que 95 pacientes beneficiadas con cesárea más esterilización quirúrgica, el 100% fue con consentimiento informado según consta en sus expedientes clínicos. Los procedimientos se efectuaron en octubre de 2021.
En el Hospital Dionisio Arrocha de la CSS se reportaron 43 pacientes a las cuales se les practicó salpingectomías en los meses de noviembre de 2021 y enero de 2022, y todas con el consentimiento informado, según consta en sus expedientes clínicos.
El informe destaca que para la ampliación de las investigaciones ya se estableció una Comisión conformada por tres direcciones nacionales del Minsa y dos instancias externas como garantes de la transparencia del proceso: Dirección General de Salud ( sección de Salud Sexual y Reproductiva); Dirección de Planificación de Salud, Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Maternidad del Hospital Santo Tomás y Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología.
El documento finaliza indicando que el Minsa requiere, para avanzar en las investigaciones, el listado de las pacientes denunciantes con nombre completo, cédula, comunidad, región y lugar donde se realizó el procedimiento, para proceder de manera inmediata en el desarrollo de las auditorías médicas por la Comisión ya establecida en cumplimiento de la ley 68 de 20 de noviembre de 2003, “que regula los derechos y obligaciones de los pacientes, en materia de información y de decisión libre e informada”.
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Paralelo a este informe, el día de hoy, la activista Lucy Córdoba asistió junta a una supuesta víctima a interponer la denuncia en la Procuraduría General de la Nación para dar su testimonio ante el procurador encargado, Javier Caraballo.
De acuerdo con Córdoba, las esterilizaciones forzadas se vienen dando desde hace más de una década en comunidades indígenas de Bocas del Toro.
La supuesta víctima exige justicia por haber sido forzada a practicarse la salpingectomía.
