Las protestas en contra de una reforma a la Seguridad Social de Panamá continúan este miércoles en la caribeña provincia de Bocas del Toro con algunos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, que rechazan la opción de un posible diálogo y aseguran estar dispuestos a "dar sangre" por tumbar esa ley ya en vigor.
"No vamos a salir hasta que no se derogue esa ley (que reforma la Seguridad Social). No queremos ningún diálogo. Si tenemos que dar sangre para que se derogue, lo tendremos que hacer", dijo a EFE un manifestante encapuchado, que decidió quedar en anonimato, desde la zona de Almirante, Bocas del Toro.
Junto a él, otros manifestantes tampoco mostraban su rostro y algunos cargaban sacos de piedras y palos: "Esta es el arma del pobre, machete (cuchillo largo), piedra y palo", decía uno de ellos.
Además de los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Bocas del Toro, también se registraron otros en la localidad de Arimae, Darién -frontera con Colombia- cuando un grupo de indígenas bloqueó la carretera principal.
Cada vez son más sectores en Panamá que piden un diálogo para el cese de los enfrentamientos y hallar una salida a la crisis den Bocas del Toro, semiparalizada y golpeada fuertemente después de que la bananera Chiquita Panamá cerrara operaciones y despidiera a todos sus trabajadores por esas protestas.
La provincia es limítrofe con Costa Rica, mayormente insular y dependiente económicamente tanto de la industria bananera como del turismo. Por lo que las autoridades han creado puentes aéreos ante la escasez de insumos básicos debido a esas protestas que cierran las carreteras que la conectan con el resto del país.
Bocas del Toro, la región más crítica
Bocas del Toro es la región de Panamá con la situación más crítica en el marco de esas protestas contra una ley que reforma la Caja del Seguro Social (Seguridad Social), vigente desde marzo, al registrar fuertes bloqueos viales y choques entre unidades policiales y manifestantes.
Las manifestaciones en todo el país empezaron en abril bajo el liderazgo de sindicatos docentes y de la construcción. A ellos se sumaron en un paro los trabajadores bananeros de Bocas del Toro que argumentaban que dicha modificación a la Seguridad Social afectaba a la ley de 2017 que ya regía sus beneficios laborales.
Tras varios diálogos entre el Gobierno y el sector bananero de esa región, el pasado lunes entró en vigor una nueva ley especial con mayores beneficios y protecciones laborales a los trabajadores de las bananeras en Panamá.
La aprobación en el Parlamento de esa nueva ley se hizo a cambio de que los sindicalistas bananeros levantaran los bloqueos viales. Pese a que desbloquearon las carreteras el mismo día del compromiso, otros sectores de la sociedad civil y profesores desconocieron dicho acuerdo por lo que continúan las manifestaciones.
Ante la continuación ello, el presidente José Raúl Mulino envió esta semana un fuerte contingente policial para despejar las vías a Bocas del Toro y Chiriquí, la provincia vecina también limítrofe con Costa Rica que registra varias protestas.
Hay casi 50 detenidos y "22 puntos abiertos" de los "más de 20" bloqueados en los últimos tres días en Bocas del Toro, según el último reporte del Ministerio de Seguridad de Panamá.
Aparte de ello, los principales líderes sindicales que empujaron las protestas contra la reforma de la Seguridad Social están detenidos mientras que el dirigente del sindicato más poderoso del país está refugiado en la embajada de Bolivia ya que en medio de esas manifestaciones estalló contra ellos un caso de estafa agravada.
Además, el líder del sindicato bananero Sitraibana de Bocas del Toro, Francisco Smith, quien encabezó las negociaciones para la ley especial de los trabajadores del banano y firmó el compromiso del levantamiento de los bloqueos en esa provincia, fue detenido por una denuncia en su contra por supuestamente en empujar el paro bananero.
Un tribunal legalizó este martes la detención provisional por 6 meses mientras duren las investigaciones a Smith, quien enfrenta cargos por delitos contra la Administración Pública, contra el transporte público y asociación ilícita para delinquir.
