Operador chino de puertos se queda sin concesión en Panamá tras publicación de fallo
PPC informó del inicio el 3 de febrero de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) "en virtud del contrato de concesión" y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda, que según dijo la semana pasada el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis, asciende a 2.000 millones de dólares.
La operación de dos puertos cercanos al Canal de Panamá por parte del conglomerado chino CK Hutchison quedó este lunes sin sustento legal con la publicación en la gaceta oficial del fallo judicial inapelable que declaró inconstitucional la concesión otorgada en 1997. "Se declara inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997" referida a la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como la prórroga aprobada el 23 de junio de 2021, indica el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 29 de enero pasado y publicado este lunes en la gaceta oficial. La Corte Suprema de Justicia anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato, que tildó de "leonino" y de lesivo a los intereses de la nación. PPC informó del inicio el 3 de febrero de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) "en virtud del contrato de concesión" y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda, que según dijo la semana pasada el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis, asciende a 2.000 millones de dólares. Hasta ahora, PPC ha seguido operando sin cambios los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y que en el 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total del sistema portuario panameño. Kouruklis dijo el jueves pasado que la publicación en gaceta oficial de la sentencia conllevaría inevitablemente a la paralización de los puertos, porque si bien la tierra y los muelles son del Estado, las maquinarias y los equipos necesarios para su operación son de PPC. El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha sostenido que una vez "ejecutoriado" el fallo, lo que implica una serie de pasos, entre ellos la publicación en la gaceta oficial, la APM Terminal Panama, una filial de la danesa Maersk, entrará a administrar transitoriamente los puertos. La filial de Maersk permanecerá mientras se desarrolle un proceso de concesión de ambas terminales, ha dicho Mulino, quien ha garantizado la continuidad de las operaciones portuarias. "Estamos a tiempo de conversar mientras no se publique" el fallo en la gaceta oficial, "lo razonable es sentarse con la empresa para conversar todos los temas (...) sería lo ideal, primero, para evitar que los puertos se paralicen", dijo el jueves pasado Kouruklis. Aunque la filial de Maersk "sea autorizada a entrar al puerto (...) no puede tomar posesión de equipos y de sistemas operativos que son de propiedad privada", resaltó entonces el portavoz del conglomerado chino.