Operador chino pide a Panamá diálogo sobre el futuro de los puertos que beneficie a ambos
Panama Ports Company informó del inicio el 3 de febrero de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) "en virtud del contrato de concesión" y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda.
CK Hutchison pide al Gobierno de Panamá entablar un diálogo sobre la operación de dos puertos cercanos al Canal cuya concesión, en manos del conglomerado chino, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, a fin de buscar una solución que favorezca a ambos y evite el avance un arbitraje internacional por 2.000 millones de dólares contra el Estado. "Estamos a tiempo de conversar mientras no se publique" en la gaceta oficial el fallo del pasado 29 de enero que declaró inconstitucional el contrato de concesión a 25 años, firmado en 1997 entre el Estado panameño y Panamá Ports Company (PPC), sus adendas y la renovación automática de 2021, dijo este jueves el asesor y portavoz de la filial panameña de CK Hutchison, Alejandro Kouruklis. PPC sigue operando sin cambios los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco que hay en torno al paso navegable y que en el 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, el 38 % del total del sistema portuario panameño, tal como anunció que ocurriría el presidente, José Raúl Mulino, hasta que el fallo, que es inapelable, quede "ejecutoriado" y aparezca en la gaceta oficial. Entonces entrará la APM Terminal Panama, una filial de la danesa Maersk, a administrar transitoriamente los puertos, hasta que culmine un proceso de concesión de ambas terminales, dijo Mulino, quien ha garantizado la continuidad de las operaciones portuarias. Kouruklis reiteró en declaraciones a la radio local la postura del conglomerado de que la decisión del Supremo de anular la concesión no es correcta y mucho menos la de que los puertos pasen a ser operador por un tercero porque si bien la tierra donde están las terminales y los muelles son del Estado, las maquinarias y los equipos necesarios para su operación son de PPC. Aunque la filial de Maersk "sea autorizada a entrar al puerto (...) no puede tomar posesión de equipos y de sistemas operativos que son de propiedad privada", resaltó el portavoz. Aseguró que la empresa y altos funcionarios del Gobierno panameño sostuvieron, tras el fallo judicial, "reuniones diarias" en las que la empresa esperaba una "respuesta como por ejemplo" que se le concediera "una licencia provisional para operar". Ahora "solicitamos que esas reuniones se reanuden pero a nivel de casa matriz, CK Hutchison, con altos funcionarios del Gobierno", afirmó Kouruklis. Conversando "se puede llegar a muchas soluciones, y no hay que ignorar que un arbitraje internacional, que tenemos entendido es por 2.000 millones de dólares, si la empresa sale beneficiada, eso tendría que ser pagado por los impuestos de Panamá", añadió. Panama Ports Company informó del inicio el 3 de febrero de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) "en virtud del contrato de concesión" y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda. La Corte Suprema de Justicia anuló la concesión de PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato, que tildó de "leonino" y de lesivo a los intereses de la Nación.