Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison y operadora de dos puertos a la entrada del Canal interoceánico, negó este miércoles que haya incumplido el contrato de concesión o dejado de pagar al Estado 1.200 millones de dólares, como denunció esta semana el contralor general del país.
PPC maneja Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco puertos en torno al Canal, desde 1997, cuando se le otorgó un contrato de concesión de 25 años que fue extendido de manera automática por igual término en junio de 2021, en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones desfavorables para el Estado panameño, que cuenta con el 10 % accionario.
Esas terminales están en el centro de la diatriba del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre que "China está operando el canal", por lo que su Gobierno va a "retomar" la vía que une el Atlántico con el Pacífico y por la que pasa el 3 % del comercio mundial.
En una conferencia de prensa el lunes pasado, el contralor general de Panamá, Anel Flores, hizo una larga relación de los resultados desfavorables para el Estado panameño de una modificación en las condiciones de la concesión que, afirmó, permitieron que en dos décadas el fisco dejara de percibir "unos 1.200 millones de dólares, a razón de 55 millones de dólares por año".
"Más de 300 millones (de dólares) nos adeudan por incumplimientos en el contrato", afirmó Flores, que responsabilizó a unos "malos panameños, negociaron muy mal" el contrato de concesión y sus modificaciones.
PPC dijo que en el "2005 voluntariamente" las partes celebraron una adenda del contrato concesión bajo la cual la empresa se comprometió a invertir más de 1.000 millones de dólares y a realizar un pago de 102 millones de dólares por las infraestructuras heredadas al asumir la operación de los puertos en 1997.
"PPC ha realizado inversiones significativas que exceden los 1.650 millones de dólares, superando no solo la inversión de 50 millones requerida bajo el contrato de concesión original, sino incluso la de 1.000 millones acordada bajo la adenda", dijo la empresa en un comunicado.
Cualquier manifestación "de lo que debió pagar PPC bajo el contrato de concesión celebrado en 1997 debe tomar en cuenta las adendas respectivas" y expresar lo contrario "no solo tergiversa la realidad" sino que además "contradice los propios actos del Estado panameño", agregó.
"PPC es la única empresa portuaria en Panamá en la que el Estado es accionista, con una participación del 100 %. A lo largo de los últimos 28 años, PPC ha pagado al Estado panameño la suma de 126 millones de dólares en concepto de dividendos", concluyó PPC.
A raíz de la denuncia del contralor general, la Fiscalía de Panamá abrió de oficio una investigación por delitos en perjuicio del Estado en el caso de la concesión otorgada a PPC.
Ya en febrero pasado el fiscal general, Luis Carlos Gómez, tildó de "inconstitucional" la concesión a PPC y pidió a la Corte Suprema de Justicia que así lo declarara, al emitir una opinión -no vinculante- que le pidió el máximo tribunal en el marco del estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de concesión presentada a inicios de ese mes.
En marzo pasado un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock acordó con CK Hutchison el traspaso de la concesión de los dos puertos panameños, en el marco de una operación global que involucra a más 40 terminales en una veintena de países y casi 23.0000 millones de dólares.
La compraventa de los dos puertos panameños se iba a concretar el pasado 2 de abril, pero una investigación del regulador chino ha retraso el proceso.
