El juez de garantías en la provincia de Chiriquí, Wilbert Castillo, impuso este 5 de febrero de 2022, la medida cautelar de arresto domiciliario a Mireya Rodríguez, de 37 años de edad, presuntamente vinculada a la red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual de menores en el distrito de Barú.
El juez consideró que no había suficientes argumentos por la fiscalía que sustentara la necesidad de aplicar la medida preventiva más severa como es la detención preventiva.
El fiscal Miguel Tuñón, Contra la Delincuencia Organizada, apeló la decisión del juez fijándose para el próximo 10 de febrero a las 9:00 a.m. la audiencia de apelación.
“Somos respetuosos de las decisiones del tribunal, aunque no estamos de acuerdo, lo que nos llevó a presentar la apelación”, afirmó el fiscal Tuñón al momento que salió de la audiencia.
Explicó que durante la audiencia le formularon cargos por el presunto delito contra la humanidad en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual de menores y se legalizó la aprehensión.
El fiscal Tuñon señaló que se ha girado nuevas ordenes de captura contra dos panameños más que forman parte de la red y se elevaron a 12 los menores recuperados mediante la operación Luz de Esperanza.
Por este mismo caso permanecen con medidas de detención preventiva, Edith Rivera, de 32 años; Iris Palacio de 35 años y Didia Ortega de 20 años de edad.
Sin embargo, se conoció que Didia Ortega permanecía ya detenida desde el mes de diciembre del 2021 por otro caso en el que le formularon cargo por el presunto delito contra el pudor en perjuicio de una menor.
Por este mismo caso en Costa Rica permanece aprehendido un ciudadano y se ha ordenado la captura de dos personas más como resultado del operativo binacional "Luz de Esperanza".
