«No tengo y no quiero llegar a tener ningún diferendo más allá del necesario con Estados Unidos, es nuestro principal socio y entiendo su peso específico como nación». Esta frase del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pronunciada en plena efervescencia por la campaña de Donald Trump contra el Canal, muestra claramente el tono de una relación bilateral compleja, por decir lo menos.
A Mulino, que este 1 de julio cumple su primer año de Gobierno, le ha tocado lidiar con una Administración estadounidense que invoca la Doctrina Monroe, de «América para los americanos», en la que China es el gran adversario en la arena geopolítica, y que amenaza con dejar a Panamá como la hierba, magullada, cuando luchan dos elefantes.
A esto suscriben analistas consultados por EFE la campaña que Trump inició, siendo aún candidato, contra el Canal interoceánico, denunciando la injerencia china en la vía y por ello anunciando que la retomaría para Estados Unidos, su principal cliente y que la construyó y administró durante más de 80 años durante el siglo XX, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Mulino exigió respeto
El propio Mulino exigió el pasado 12 de junio «respeto» a EE.UU. y que pelee «su problema en Washington o en Pekín, pero no en el patio panameño».
El jefe de Estado reaccionaba a un comunicado de la Embajada de EE.UU. que dirige Kevin Cabrera que informaba que el Gobierno de Trump reemplazará en Panamá «por tecnología segura estadounidense» antenas de telecomunicaciones de Huawei, como parte de la campaña para «contrarrestar la maligna influencia de China» en el continente.
«Ese es un comunicado unilateral de la Embajada de Estados Unidos, que no tiene por qué opinar sobre decisiones que atañen al Gobierno Nacional (…) y mucho menos (…) para que a través de ese tipo de planteamientos traten de jalar a Panamá a un conflicto geopolítico China-Estados Unidos», expresó el gobernante.
EE.UU. le complica la situación interna a Mulino
Desde que Trump asumió su segundo mandato, el pasado 20 de enero, han visitado Panamá pesos pesados de su Administración: Marco Rubio en febrero y en su primer viaje oficial como secretario de Estado; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en abril pasado y la primera de este cargo en dos décadas, y esta semana la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La diatriba de Trump y sus funcionarios sobre el paso navegable y China, la acogida de migrantes irregulares como «país puente» para repatriarlos o enviarlos a un tercer destino, y la firma de acuerdos bilaterales en materia de seguridad ha obligado a Mulino a repetir que la soberanía de Panamá no está en cuestión ni ha sido vulnerada, y negar una actitud de capitulación ante Washington.
Detalles como la ausencia de una frase respecto la soberanía panameña sobre el Canal en la versión en inglés de uno de los tres acuerdos en materia de seguridad firmados con Hegseth, y que estos permitan mayor presencia militar estadounidense en el país, atisbaron las críticas internas contra Mulino y las denuncias de una violación al Tratado de Neutralidad que rige la vía.
Pero se trata de una presencia militar estadounidense transitoria y rotativa, sin la instalación de bases castrenses, como ha explicado Mulino y varios de sus ministros, entre ellos el canciller Javier Martínez-Acha, quien declaró que esos convenios se suman a más de 20 suscritos por el país con EE.UU. en las últimas décadas sin menoscabo alguno de la soberanía.
Dependencia de EE.UU.
En Panamá, un país con policías especializadas pues abolió su Ejército en 1990 tras la invasión de EE.UU. de 1989, no existen bases militares de EE.UU. en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1977.
El gobierno de Trump «complica la situación interna» a Mulino, quien mantiene «una alianza, a la fuerza o no, no lo sé» con Washington, comenta a EFE el analista José Eugenio Stoute, que destaca la dependencia panameña de Estados Unidos en muchos aspectos, como el sistema bancario y la dolarización de la economía.
Además de las críticas por el tema de Estados Unidos y la soberanía, Mulino ha enfrentado en los últimos meses protestas callejeras y un paro sindical en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente.
«Nuestra relación con nuestro principal aliado (EE.UU.) es compleja pero es buena, y estamos poniendo muchas cosas y estamos coordinando muchas cosas en materia de seguridad, en materia de ciberseguridad, en materia de cooperación», afirmaba en marzo pasado el canciller Martínez-Acha.
