Piden al Supremo de Panamá declarar inconstitucional un acuerdo de seguridad con EE.UU.
Sectores nacionales panameños han denunciado la cesión de la soberanía con el memorando y la violación del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que prohíbe la instalación en el país de bases militares extranjeras.
La organización civil Sal de las Redes presentó ante el Supremo de Panamá una demanda de inconstitucionalidad contra el memorando de entendimiento firmado con EE.UU. que amplía la presencia militar estadounidense de carácter temporal en territorio panameño y descarta la instalación de bases castrenses de ese país.
Portavoces de Sal de las Redes dijeron a EFE que presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el memorando de entendimiento en materia de seguridad, suscrito durante la visita al país el 8 y 9 de abril pasado del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, "viola la Constitución panameña y tratados internacionales".
"Nosotros buscamos que (el memorando) se declare inconstitucional porque viola la Constitución en seis artículos", dijo ayer a EFE el miembro del ente civil, Juan Ramón Sevillano.
Uno de esos artículos constitucionales es el "325, que habla claramente que todo lo que tenga que ver con materia de protección del Canal de Panamá tiene que ser admitido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y luego pasar por referendo, y este es uno de los focos más importantes que se viola" con el memorando, dijo por su parte el representante legal de Sal de las Redes, José Isaac González.
Sectores nacionales panameños han denunciado la cesión de la soberanía con el memorando y la violación del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, que prohíbe la instalación en el país de bases militares extranjeras.
Esas denuncias fueron alimentadas por las palabras de Hegseth a su regreso a EE.UU. al hablar de bases militares y tropas en Panamá, en un discurso lleno de "mentiras", como lo calificó ayer Sevillano.
Por su parte, el Gobierno sostiene que el memorando de entendimiento relativo a las actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá, de 22 puntos, "no lesiona la soberanía" ni el Tratado de Neutralidad porque "específicamente establece que todas las instalaciones de seguridad en territorio panameño, incluidas las ubicaciones autorizadas para actividades conjuntas, seguirán siendo instalaciones panameñas", como indicó la Cancillería.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, aseveró que Panamá "necesita" la cooperación en seguridad pactada con EE.UU. porque "a diferencia de todos los otros países", cuenta con "un centro de poder neurálgico, que es el Canal, donde pasan intereses políticos, intereses geopolíticos, comerciales marítimos, de gran peso específico".
Mulino ha reafirmado que el memorando, que busca "capacitar mejor" a la fuerza pública, es un acuerdo administrativo, y que ya en su momento la Corte Suprema falló que estos no requieren la aprobación del Parlamento.
Al igual que la Cancillería, Mulino sostiene que el memorando es un acuerdo más de la veintena firmados desde 1990 con y EE.UU., que "no han implicado, en ningún caso, una afectación a la soberanía nacional, ni una merma en el control pleno que ejerce el Estado panameño sobre su territorio e instituciones".
En Panamá, un país con policías especializados -pues abolió su Ejército en 1990 tras la invasión de EE.UU. de 1989- no existen bases militares de EE.UU. en razón de los Tratados Torrijos-Carter de 1997.
Los Tratados establecieron la transferencia a Panamá el 31 de diciembre de 1999 del Canal, que EE.UU. construyó en el siglo pasado y explotó durante más de 80 años. También la extinción de la llamada zona del canal, donde estaban asentadas las tropas estadounidenses.