Luego que se ventilara la presunta violación sexual a una menor de edad, por parte de cuatro unidades motorizadas de la Policía Nacional, en Chiriquí, siguen saliendo más detalles al respecto.
Se conoció que fue la madre de la adolescente, quien hizo la denuncia sobre esta irregularidad, quien también alegó que no fue la primera vez que sucedía algo así, de estos uniformados con su hija.
Desde la Policía Nacional se informó que sobre estas unidades, una vez se conoce del hecho, se abrió una investigación administrativa dentro de la entidad, a través del Departamento de Responsabilidad Profesional (DRP). Así lo establece el Decreto 204 del 3 de septiembre de 1997, referente al Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional.
El director de la DRP, Rolando Alonso, declaró que los linces fueron remitidos a una junta disciplinaria, que recomendó la destitución inmediata.
No obstante, esa recomendación no se hizo efectiva, pues dentro del proceso, caben otros recuersos a los que las unidades pueden acogerse.
Por otro lado, este caso debe llegar a la esfera judicial; es decir la intervención del Ministerio Público. Es por eso que los policías implicados se mantienen bajo el parámetro de vacaciones acumuladas (mientras dure el proceso).
Alonso señaló a los medios de comunicación que "Era una relación consentida. De acuerdo con declaraciones de la niña, ella no dijo que era menor de edad ni ellos se lo preguntaron. No fue una relación, fueron varias veces que tuvieron encuentros".
Por otro lado, sustentó que: "Nosotros no somos el Ministerio Público. El (artículo) 235 del Códdigo Procesal Penal obliga al Ministerio Público a acreditar el evento de convicción para ordenar una detención provisional... La DRP no ordena detención".
La investigación continúa...
Pese a que los linces se acogieron a sus vacaciones, es importante señalar que las investigaciones por este caso continúan.
