Un informe sobre gobernabilidad democrática frente a la corrupción reveló que Panamá está en deuda con el desarrollo de políticas públicas pro transparencia y anticorrupción.
El informe fue divulgado este martes 26 de octubre por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de Transparencia Internacional y el Observatorio de Corrupción de las Américas OCC.
El documento es resultado del seguimiento al cumplimiento de 19 de 57 compromisos en materia anticorrupción contenidos en el acuerdo de Lima suscrito por Panamá en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, cuyo objetivo es mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.
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Los resultados arrojados en el compromiso relacionado al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática son críticos, indicó la Transparencia Internacional, siendo este el peor valorado con 1.07 de 3.
Respecto a transparencia, acceso a la información y protección al denunciante Panamá recibió una calificación de 1.43; financiamiento a la política 1.61, prevención a la corrupción en obras públicas 1.65 y cooperación jurídica internacional 1.33.
Esto hace un promedio de 1.42, es decir no alcanza la media, calificado por la organización de preocupante.
"Donde tiene mejor calificación es en el tema de contrataciones públicas por los adelantos digitales que se han dado. Pero la calificación arroja un resultado que es muy preocupante desde el punto de vista de las instituciones democráticas y desde el punto de vista de la capacidad de los gobiernos y la sociedad de exigir transparencia y exigir resultados en la lucha anticorrupción", dijo Olga de Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana.
Ante este resultado, el Observatorio Ciudadano de Corrupción recomendó garantizar la independencia y separación real de los tres órganos del Estado para que exista un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder.
También recomendó que la administración de la justicia debe fortalecerse a través de la implementación de la nueva Ley de Carrera Judicial que establece la incorporación de funcionarios judiciales en base a la meritocracia.
Respecto a transparencia, acceso a la información y protección al denunciante Panamá recibió una calificación de 1.43.
