Presentan grave denuncia sobre el juzgado que preside Baloisa Marquínez
Abogados de la defensa de Martinelli recalcan que Henri Mizrachi corrompió a juzgado para salir ilegalmente de Panamá.
"Corrupción en el juzgado que preside Baloisa Marquínez". Así lo han tildado algunos profesionales del derecho al percatarse que desde este despacho se permitió la salida irregular del país de uno de los testigos protegidos, utilizados en el proceso contra Ricardo Martinelli, pese a que el mismo tenía impedimento de salida del país y que la medida no había sido levantada. La autorización ilegal de salida del país del testigo protegido, Henri Moisés Mizrachi, fue emitida en un oficio con el membrete del juzgado que preside Marquínez, jueza que lidera el proceso contra el expresidente.
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El abogado Ronier Ortíz, acompañado de sus colegas Jessica Canto, Shirley Castañeda y Alejandro Pérez, denunciaron este 1 de junio de 2023, que el 27 de diciembre de 2019, Mizrachi armó planes para viajar a Estados Unidos, a pesar que en su contra mantenía una medida cautelar de impedimento de salida del país por los cargos de blanqueo de capitales que se le imputaron.
Ortíz acotó que en ese momento, Mizrachi penetró al juzgado a cargo de Marquínez y logró que funcionarios del Órgano Judicial, emitieran ilegalmente el oficio N. 1764 concediéndole el supuesto permiso especial para que saliera del país y lo registraron en el Servicio Nacional de Migración. Sellos adulterados fueron parte de la jugada que involucró a ambas partes, ahora socias en la estrategia de inculpar falsamente al ex presidente Ricardo Martinelli.
No fue a España, pero sí fue a Estados Unidos
Bajo estos mecanismos irregulares, Mizrachi obtuvo ilegalmente autorización para salir del país entre el 2 de enero y el 30 de enero de 2020. Incluso, el documento salió con la supuesta firma de la juez Marquínez y sellos alterados, según el denunciante.
Ese mismo año, el juzgado le había negado viajar del 12 al 23 de julio a España.
Pero en la nueva ocasión, los mismos funcionarios del juzgado enviaron el oficio alterado a Migración y luego se prestaron para reconfirmar la existencia falsa del permiso en el momento que Mizrachi salió por el aeropuerto de Tocumen en 2020.
Toda la jugada se dio en medio de las negociaciones que ya había establecido Mizrachi con la estructura del abogado William Moore, quien ilegalmente negoció con la fiscalía de la delincuencia organizada, a cargo de Emeldo Márquez, los acuerdos como testigos protegidos, incluyendo el de Riccardo Francolini.
Testigos extorsionados
Luego esta estructura fraudulenta, liderada por el hermano de la fiscal Zuleyka Moore, extorsionó a otros ocho imputados en el caso New Business para que se acogieran a un acuerdo de colaboración, y denunciaran falsamente a Ricardo Martinelli. Incluso para esto, los imputados pagaron fuertes sumas de dinero.
Todo esto también prueba que para diciembre de 2020, el fiscal Márquez tenía pleno conocimiento de que Mizrachi salió del país ilegalmente con un documento adulterado con la participación de los funcionarios del juzgado que hoy es reconocido como el Juzgado Segundo Liquidador, aún en manos de la juez Marquínez.
La abogada Jessica Canto indicó que ellos cuentan con las pruebas suficientes que incriminan a Mizrachi, el testigo protegido de New Business, y advirtió que este caso se llevará hasta las últimas consecuencias.
Agregó que se trata de un hecho grave de corrupción en el juzgado que está llevando un caso armado con testigos extorsionados y en donde se pagó mucho dinero por los acuerdos que formalizó el fiscal Márquez.
Solo quieren inhabilitar al exmandatario
“Este hecho de corrupción en el juzgado solo muestra una parte de lo torcido con que fue armado el caso político de New Business, solo con la intención de perjudicar y sacar de competencia electoral al expresidente Martinelli, quien lidera todas las encuestas”, destacó Canto.
Este 2 de junio se interpondrá una querella penal, anunció Ronier Ortiz, quien le pidió al procurador Javier Caraballo, que ponga orden en el Ministerio Público, ya que Henri Mizrachi tenía impedimento de salida desde el 14 de marzo de 2018.
La denuncia sería por corrupción, abuso de autoridad y falsedad, que conllevan penas de 4 a 8 años de prisión.