El municipio de Arraiján mantiene un proceso de desalojo de los locales comerciales ubicados en la llamada “Rotonda” en el corregimiento de Arraiján cabecera.
El proceso de “desmonte voluntario”, como lo denominan las autoridades, alcaldicia, inició el pasado 3 de febrero tras una reunión sostenida con los comerciantes el 23 de enero de 2026.
La alcaldesa de Arraiján, Estefany Peñalba, asegura que se trata de un proceso de ordenamiento y recuperación de espacios públicos al cual los comerciantes han aceptado sumarse.
Un levantamiento técnico y administrativo de la Dirección de Planificación Urbana, Tesorería Municipal, la Dirección de Planificación Estratégica y Asesoría Legal del municipio de Arraiján identificó 31 negocios en esta zona.
De los 31 locales, la mitad estaba debidamente inscrita, otros presentan morosidad y otros solamente tienen avisos de operación, pero no se encuentran inscritos en el municipio.
En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la alcaldía de Arraiján, la alcaldesa Peñalba asegura que en este proceso se detectó el subarriendo de locales ubicados en servidumbre pública al costo de entre B/.300.00 a B/.600 mensuales.
Este hecho, advierte la alcaldesa Peñalba, será denunciado al Ministerio Público (MP) una vez se reúna toda la información.
Otra de las irregularidades detectadas es la existencia de más de cuatro locales comerciantes amparados por un solo aviso de operación.
La medida también se aplica a las instalaciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
“Este proceso no obedece a decisiones improvisadas ni acciones aisladas, forma parte de una línea de trabajo que esta Administración ha venido impulsando de manera progresiva en las distintas comunidades del distrito”, aseguró Peñalba.
Desde el año pasado, por el incumplimiento de las normas sanitarias, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo el cierre de cinco locales, entre ellos dos restaurantes y otros sancionados con multas de 3.000 y hasta 5.000 balboas.
Todas las actuaciones que se desarrollan en este proceso se realizan con estricto apego a la Constitución Política de la República de Panamá, a las leyes nacionales vigentes, al Código Administrativo y a los decretos alcaldicios
