Procuraduría defiende estrategia para detener al crimen organizado
El secretario general del Ministerio Público (Procuraduría), Rolando Rodríguez, dijo hoy que los cambios realizados en las fiscalías anticorrupción eran necesarios, ante la penetración del crimen organizado en las instituciones.
Panamá/ACAN-EFE
El secretario general del Ministerio Público (Procuraduría), Rolando Rodríguez, dijo hoy que los cambios realizados en las fiscalías anticorrupción eran necesarios, ante la penetración del crimen organizado en las instituciones.
Rodríguez explicó en un comunicado del Ministerio Público que "se hacía necesario realizar estos cambios" en las fiscalías anticorrupción.
Sostuvo que el crimen organizado "se ha penetrado dentro de las instituciones públicas, por lo que se tiene que trabajar y coordinar las investigaciones".
Aclaro que las investigaciones que se vienen efectuando en las fiscalías anticorrupción no se verán afectadas pues tan solo se está haciendo un cambio basado en la figura del fiscal.Mientras tanto, una fuente oficial que pidió el anonimato confirmó a Acan-Efe que el fiscal tercero superior, Sofanor Espinosa, es el primero "removido del cargo".La fuente se abstuvo de calificar de "destitución" la salida de Espinosa, pero admitió que lo mandaron "a su casa".
Rodríguez afirmó tener fe y confianza en las nuevas cuatro fiscales anticorrupción designadas, ya que sonpersonas de una gran trayectoria dentro de la institución y además han demostrado con su experiencia trabajar de forma coordinada con las instituciones de seguridad.
El pasado jueves el funcionario anunció que las fiscalías anticorrupción serán ocupadas por Tania Sterling, Vielka Broce, Zuleika Moore y Ruth Morcillo, en sustitución de Nahaniel Murgas, Lizzette Chevalier, Marta Gómez y William Parodi, respectivamente.
Parodi fue el único que renunció al cargo y los otros tres funcionarios fueron asignados a otras fiscalías en el interior del país.Las fiscalías anticorrupción están a cargo de los casos de "alto perfil" contra exfuncionarios de la anterior administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), varios de ellos ya detenidos, con arresto domiciliario o impedimento de salir del país.
Los casos que se investigan tienen que ver con compras con sobrecostes, por más de 800 millones de dólares, y con una trama de escuchas ilegales e interceptación de mensajes electrónicos contra empresarios, periodistas, dirigentes sindicales o religiosos.
La fiscal Chevalier antes de dejar el cargo traslado una carta a la Corte Suprema de Justicia para que considere si levanta la inmunidad a Martinelli, quien goza de ese privilegio como diputado del Parlamento Centroamericano y como presidente de su partido, Cambio Democrático, porque es mencionado en uno de los casos.Además la Asamblea Nacional también ha remitido la documentación con la que cuenta sobre acusaciones de supuesta corrupción contra el exgobernante, quien hoy anunció que saldrá de gira esta semana pasa denunciar al "gobierno dictatorial" de Panamá.