Un «grave» daño ecológico han dejado las protestas iniciadas por trabajadores bananeros -que se mantienen en la provincia panameña de Bocas del Toro (Caribe)-, a raíz del derribo de cerca de un centenar de árboles para obstruir las carreteras, afectando las telecomunicaciones y la electricidad en esa región del país, señaló este lunes el Gobierno.
El viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, al dar un informe sobre los resultados del tercer día de la operación policial «Omega» para despejar las vías, dijo que estas «no son manifestaciones pacíficas», y las tildó de «actos de rebeldía incitados políticamente».
«Aquí no hay nada pacífico, aquí hay un daño ecológico muy grande», afirmó Icaza, y resaltó que 86 árboles han sido talados por los manifestantes, muchos de ellos encapuchados que este lunes continuaron los enfrentamientos con la Policía.
El viceministro indicó que ya se están «levantando las denuncias del daño ecológico este momento, que es grande».
Operación Omega: más de mil policías
Detalló que en el tercer día de la Operación Omega, en la que participan unos 1.300 policías, un total de 34 personas han sido aprehendidas, 24 de la cuales están a órdenes del Ministerio Público (MP) y otras 14 con los jueces de paz.
Añadió que se han desplegado 90 equipos entre rodantes, aéreos y navales que están trabajando en el área, contándose en este momento con 19 puntos abiertos y 24 cerrados, 8 de ellos en la localidad de Almirante y 10 en Chiriquí Grande, en Bocas de Toro.
También dijo que se han decomisado armas blancas y 116 bombas de fabricación casera conocidas como «molotov».
Icaza destacó que el objetivo es restablecer el orden público en Bocas del Toro, pero que «es un proceso que va progresivamente avanzando, (y) nosotros lo estamos haciendo con el mínimo uso de la fuerza».
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La ley especial que da mayores beneficios y protecciones laborales a los trabajadores de las bananeras en Panamá entró en vigor este lunes, tras publicarse en la Gaceta Oficial con la firma del presidente panameño, José Raúl Mulino, mientras siguen las protestas en las zonas fronterizas con Costa Rica.
«Acabo de sancionar ley bananera. De una vez a gaceta», escribió el presidente panameño en X. Tras ello, la ley fue publicada en el boletín oficial.
Ley especial para trabajadores bananeros
La ley, que «establece un régimen especial» tanto para los trabajadores bananeros como los productores independientes, fue aprobada de manera expedida el pasado viernes por el Parlamento, tras reunirse esa misma semana los diputados con los líderes sindicales bananeros que empujaron un paro y semiparalizaron, con bloqueos viales, la caribeña provincia de Bocas del Toro.
La aprobación de dicha norma era un requisito para que los bananeros levantaran las obstrucciones en las carreteras de esa zona fronteriza con Costa Rica. Pese a que los jornaleros abandonaron los bloqueos el mismo día que obtuvieron el compromiso de los diputados, otros manifestantes han mantenido los cercos viales.
Según el Gobierno, son los docentes y la «sociedad civil» los que mantienen algunos puntos bloqueados de la carretera que conecta Bocas del Toro con el resto del país, durante las protestas en contra de una reforma a la Seguridad Social.
Los trabajadores de las bananeras alegaban que dicha reforma a la Seguridad Social afectaba a la ley de 2017 que ya regía sus beneficios laborales. Por ello, se sumaron a las manifestaciones el pasado mes de abril.
Detención del líder sindical Francisco Smith
El fin de semana hubo choques entre la fuerza pública y los manifestantes, muchos de ellos encapuchados tirando piedras.
Ademas, el líder sindical bananero, Francisco Smith, que encabezó las negociaciones para restablecer la ley especial, fue detenido este fin de semana por una denuncia en su contra por supuestamente en empujar el paro en Bocas del Toro.
Ese paro y los bloqueos viales de los bananeros semiparalizaron durante más de un mes la zona de Bocas del Toro, una región mayormente insular y dependiente de la industria del banano y el turismo.
Allí, la bananera Chiquita Panamá despidió a más de 6.500 trabajadores alegando pérdidas de más de 75 millones de dólares por un problema ajeno a la empresa.
