El uso eficiente de los recursos, la precisión en la identificación de las necesidades y la transparencia, son claves en el plan de Emergencia Ambiental, generado debido a los estragos suscitados por las fuertes lluvias que causaron inundaciones y deslaves, por los efectos colaterales del huracán Eta, manifestó el director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos González.
Reiteró que se aprobó en resolución de Gabinete un monto inicial de B/.100 millones, para atender las necesidades generadas por el fenómeno natural, para lo cual se harán encuestas y evaluaciones precisas de los daños. En la medida en que se completen estas tareas se definirá la respuesta que se debe dar a las comunidades, por eso se habla de un aporte inicial de B/. 100 millones.
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González destacó que las acciones, aunque deben ejecutarse de forma rápida, es necesario que sean eficientes y transparentes, por esa razón deben subirse al portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas y se utilizará el proceso de cotizaciones en línea, de esta manera estarán visibles a las autoridades y a la comunidad la forma en que se van usando estos recursos.
La primera responsabilidad en materia de transparencia les corresponde a los entes gestores, que son los principales responsables de las auditorías internas de los procesos y que los recursos se usen apropiadamente.
También interviene representantes del MEF y de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al momento de asignar los recursos en las sustentaciones que hagan las entidades correspondientes y la Contraloría General de la República tiene la función de fiscalizar que los fondos hayan sido utilizados correctamente, dijo González.
Además, hay un tercer grupo que es la sociedad civil. Esta información deberá ser publicada y le corresponde a la sociedad civil también darle seguimiento al uso de estos recursos y de esta manera entre todos, garantizar que se está haciendo el mejor uso de los mismos.
El MEF realizará una reestructuración al presupuesto de 2020 y 2021, para atender las necesidades existentes ante la nueva crisis ambiental, declarada como emergencia hasta el 31 de marzo del próximo año.
La declaratoria de emergencia produce el efecto de excepción en algunos actos de proceso de contratación pública, como lo establece la Ley General de Ambiente en Panamá y la de Contrataciones Públicas. Sin embargo, se debe presentar un informe final de los gastos derivados y asociados a la emergencia, cómo se dieron las contrataciones, a quienes se contrató, los costos y el objetivo de cada uno de ellos, acotó la autoridad.
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El Ministerio de la Presidencia tiene una Secretaría Estratégica que le da seguimiento a la ejecución de proyectos, la cual recibirá la solicitud de recursos relacionados a esta emergencia, por parte de las diferentes instituciones públicas.
Una vez que se apruebe la petición se transfiere al MEF para que haga las reasignaciones presupuestarias a cada entidad correspondiente. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dará la última aprobación para que esos recursos sean utilizados.
