Una empresa dedicada a la actividad de la reforestación ha presentado un oficio de oposición a la titulación de tierras de propietarios de terrenos en el área de Sierra Llorona y en la comunidad de Santa Rita Arriba en el corregimiento de Sabanitas en Colón.
Según los afectados, la empresa está ingresando a fincas privadas, derribando cercas y quemando sembradíos, amedrentando a los propietarios y residentes del lugar, sin ser propietarios de los terrenos, afectando a familias que tienen estas tierras desde hace muchos años, algunas incluso con sus títulos de propiedad.
Ofelia Rodríguez, ha sido una de las afectadas de esta acción que según su defensor Carlos Wilson, la acción cuenta incluso con el apoyo de la Policía Ambiental, que contraviniendo preceptos legales firmó un contrato de protección privada, impidiéndole incluso a los propietarios de las tierras el acceso a las mismas, presentando un supuesto plano del año 1945.
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Para el jurista Wilson, en el año 1973, el esposo de su defendida presentó el proceso de titulación de las tierras en este sector, de la cual aseguró se tienen los recibos, sin embargo, en ese entonces no se logró, pero en el año 2015, mi defendida luego de la muerte de su esposo, volvió a iniciar los trámites.
Pero señaló que ahora resulta que esta empresa ha presentado un recurso de oposición a la titulación de tierras que no son de ellos y se están introduciendo en otros globos de terrenos algunos que ya tienen títulos de propiedad, sin que ninguna autoridad pertinente les certifique que pueden hacerlo.
Es más, la propiedad de esta empresa se encuentra lejos del área en donde ellos ahora no permiten que se titule, es colindante con la Quebrada Diablo entre los corregimientos de Limón y Puerto Pilón, afectando a estas familias, añadió.
Los afectado que se reunieron con Iracema de Dale, gobernadora de la provincia solicitaron
que por estar estos terrenos entre ambos corregimientos, Puerto Pilón y Limón, se ordene una inspección por parte de los Jueces de paz de estos corregimientos con participación de unidades de la policía regular y no de la Policía Ambiental, ya que estos serían juez y parte en esta situación jurídica.
De Dale logró comunicarse con el ministro de seguridad, a fin que intervenga en esta situación que afecta directamente a unas 15 familias de esta región de la cordillera de Sierra Llorona.
