Ricardo Martinelli: 'No tengo ni un fucking real para pagar las indemnizaciones'
Algunos juristas han advertido que el Código Judicial establece que se puede demandar al Estado por el mal actuar de sus funcionarios.
Cuatro de los seis querellantes en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos pidieron al expresidente Ricardo Martinelli (RM) una cuantiosa indemnización económica que superó los $55 millones, estos deberán ser asumidos por el Estado panameño.
RM recalcó que si es condenado políticamente es el Estado panameño quien debe pagar, porque el fue expresidente de la República, "qué locura", exclamó.
En un escrito que hizo público por sus defensores señaló: "Yo no tengo ni un fucking real, soy inocente de todo y las locuras de los que me demandan políticamente, de condenarme políticamente, será el Estado quien deberá pagar", insistió.
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La primera en exponer su acción resarcitoria fue la querellante, Balbina Herrera, quien a través de su apoderado legal, Eliodulfo Palacios, pidió una indemnización de $30 millones por presuntamente haber sufrido daños morales, psicológicos, a su imagen y demás. Su solicitud la sustentó en el Artículo 341 del Código Procesal Penal (CPP).
Por su parte, Mitchell Doens, en representación propia solicitó un resarcimiento de $20 millones avalado en la supuesta violación al artículo 122 del CPP. También pide la reparación por los daños y perjuicio morales, personales, psicológicos, profesionales, entre otros.
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Uno de los defensores de RM, el abogado Sidney Sittón, pidió que se aclarara los delitos de abuso de autoridad y la asociación ilícita para delinquir, ya que eso no estaba estipulado en la querella del magistrado fiscal, Harry Díaz.
El magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, solicitó a Doens eliminar esos delitos de la acción resarcitoria.
Solo en dos querellas hay $50 millonesCabe resaltar que entre estos dos primeros querellantes, completan $50 millones.
El periodista Rubén Dario Polanco, mediante su representante legal, Johann Jaramillo, sustentó su acción resarcitoria por $5 millones. Hizo énfasis en que fue evaluado por el psicólogo Joaquín Pardo, quien determinó que su patrocinado tiene un trastorno delirante, tipo persecutivo.
Por último, David Cueva, patrocinador del querellante autónomo, Rosendo Rivera, pidieron $955 mil o lo que pudieran sustentar los peritos forenses citados en su resarcimiento. Entre esos se encontraba una trabajadora social, dos psicológos y un contador público.
Hubo dos querellantes que no presentaron resarcimiento
Los defensores de Mauro Zúñiga y Juan Carlos Navarro, prefirieron no presentar ninguna acción resarcitoria, para esperar la fase del juicio oral o que exista una sentencia condenatoria, dejando la posibilidad de presentar su recurso por la vía de lo civil.
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Con los dos últimos resarcimientos se llega a los $55 millones 955 mil.
El Estado debe asumir la responsabilidad económicaSi la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, establece la responsabilidad civil o penalmente derribada sobre RM, sería el Estado quien tendría que pagarle a los reconocidos como víctimas, explicó Sittón.
Añadió que la responsabilidad civil que emerge de los actos de los miembros de la administración pública es el Estado el responsable.
Los escritos de acusación del fiscal Díaz y el querellante autónomo tuvieron que ser corregidos a petición de la defensa de RM.