¡Sálvese quien pueda! CSS en Colón denunció la retención de ambulancia con pacientes, robo y extorsión
Hacen un llamado a la cordura y piense que el paciente, más tarde, puede ser él o un familiar.
Los cierres de calle y las acciones delictivas de algunos grupos dificultan la atención y ponen en peligro la vida de los pacientes en Colón, informó mediante un comunicado la Caja de Seguro Social (CSS).
De acuerdo con la entidad, la grave situación se resume en que las instalaciones de salud están secuestradas por los cierres de calles.
Detallaron que el personal de salud ha sido víctima de robos y extorsión por parte de grupos delictivos, que les cobran también para poder llegar a sus sitios de trabajo y hogares.
Los manifestantes le impiden la entrada y salida a las ambulancias que trasladan a pacientes graves hacia centros hospitalarios.
En tanto, se agotan los insumos médico-quirúrgicos y los alimentos en las instalaciones de la CSS en la Costa Atlántica, debido a que no se permite el paso de los camiones que los transportan.
Igualmente, informaron que el personal de salud no puede realizar los relevos correspondientes, porque en los diferentes cierres se les impide el paso.
En tanto, la vida de los pacientes de hemodiálisis se pone en peligro por las dificultades que enfrentan para llegar a los Centros de Atención Integral de Pacientes Renales (CAIPAR), porque los manifestantes no les permiten circular libremente.
En este sentido, la CSS solicita a los grupos que controlan los puntos de cierres que permitan el paso de pacientes, personal médico asistencial y de los camiones que transportan insumos y alimentos, indispensables para la atención de la población, que en algún momento podrían ser los propios manifestantes o alguno de sus familiares.
En medio de este panorama de caos, el Ministerio Público manifestó que es respetuoso del derecho de los ciudadanos a protestar y a manifestarse de manera pacífica, de acuerdo con la ley.
Por ello, hizo un llamado a la cordura, la prudencia, la sensatez y el buen juicio, a quienes, apartados del legítimo derecho a la reunión pacífica, estén llevando a cabo acciones que claramente podrían enmarcarse en conductas delictivas, tales como apología del delito, daños a la propiedad pública y privada, extorsión, delitos contra el patrimonio económico (robos y hurtos), delitos contra la vida e integridad personal, entre otros.